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Manifiesto-programa
Partido Social Revolucionario Democrático de Cuba

Fundamentos de un militante
Por Roberto Simeón
Socialismo, democracia, legitimidad y método histórico.









Manifiesto-programa
Partido Social Revolucionario Democrático de Cuba


Acordado en el Congreso fundacional del Partido celebrado en Miami, Fla. USA el 21, 22 y 23 de Febrero de 1992 presidido  por Manuel Fernández Lopez, actuando de Secretario Roberto Simeón e integrado por 87 delegados.

EN CUANTO EL ORDEN SOCIO-ECONOMICO

Fueron los grandes desajustes de cuanto al orden y uso de la propiedad y al destino final del ingreso nacional los que produjeron y justificaron, conjuntamente con la violación de un estado de derecho, los trastornos políticos que produjeron las condiciones para la instauración del actual gobierno, y el indudable apoyo popular con el cual éste contó por décadas.  En consecuencia de ello, nuestro partido considera de importancia fundamental sustentar el orden socio-económico conceptual y estructuralmente, en firmes bases de estabilidad y libertad den la sociedad.

Los social-revolucionarios consideramos que el régimen económico ha de estar al servicio de la nación como instrumento de desarrollo espiritual y material del pueblo; en consecuencia de ello proyectamos nuestro programa.  No planteamos la política como una  actividad fuera del contexto de cada situación especifica en un espacio-tiempo-histórico determinado. Sustentamos el principio de la más amplia libertad empresarial posible, limitada por  la planificación necesaria, para satisfacer, en forma creciente,, la  obligación que tiene la sociedad de garantizar los derechos económicos de cada ser  humano: pleno empleo y satisfacción de las necesidades vitales.

Dada las condiciones de la economía macro-estructural a nivel  internacional moderna, en un país de las proporciones -recursos y población- del nuestro, es imprescindible reconocerle al estado, mediante sus órganos e instituciones, la potestad de instrumental la política económica, responsabilizándole con la disposición del patrimonio nacional, sin admitirle ninguna otra consideración previa, a no ser la obligación de garantizar la estabilidad política y las necesidades de la población.

En consecuencia de este enunciado, los bienes muebles, inmuebles y semovientes de la República estarán bajo la absoluta jurisdicción del Estado Cubano, sin que ninguna entidad no nacional tenga jurisdicción o competencia sobre los mismos.  Los órganos competentes determinarán las relaciones económicas con otros estados, sin aceptar condicionamiento o jurisdicción sobre bienes existentes en el territorio nacional.

Reconocemos que el poder económico genera poder político. Cuando éste se encuentra en derecho domínico o de usufructuo del gobierno, genera totalitarismo: y cuando se encuentra bajo el control de intereses individuales, corporaciones o de transnacionales, genera capitalismo y coloniaje.

En consecuencia:  Abogamos por una economía al servicio de la sociedad y rechazando el concepto de una sociedad al servicio de la economía, y a ese efecto sustentamos nuestro proyecto de una economía social con pluralismo empresarial el cual genera una multitud de iniciativas dinámicas y creadoras.

Las actividades de carácter económica de la economía estarán supeditadas a organismos estatales, en los cuales la dirección estará integrada por los representantes de las comunidades de la base social, empresarios y gobierno; las unidades de producción o servicios no comprendidos en este concepto se entregarán  en usufructúo o propiedad  a las distintas entidades comprendidas en el concepto de “una economía al   servicio de la sociedad” no centralizada  y pluriempresarial que propugnamos.

En este contexto, en la ejecución de nuestro programa de acción económica ofreceremos prioritariamente especial soporte a la propiedad familiar, a las cooperativas y empresas de auto-gestión, sin que ello conlleve el rechazo a las creación de empresas estatales, privadas o mixtas.

En breve síntesis hemos de señalar las características de la propiedad familiar y de las cooperativas y empresas de auto-gestión, ya que uso inapropiado de estas denominaciones por los políticos y   medios de difusión masiva ha confundido a muchos sobre el verdadero significado de estas entidades económicas.

         La propiedad familiar ha de ser una unidad de producción o de servicio operada por una familia.  Por lo tanto en ella el trabajo asalariado ha de ser circunstancial o el número de sus empleados proporcionalmente inferior al de los miembros de la familia que trabajan directamente en la unidad económica constituida conforme a la Ley que regulará la mismas Las unidades de producción dadas en usufructuó serán reguladas mediante normas legales similares a la propiedad familiar.

Lamentablemente nuestro pueblo denomina “cooperativas” a las estructuras político-económicas que el gobierno identifica con ese nombre y éstas estructuras han sido, en lo económico, un fracaso, y en lo social, granjas estatales dirigidas por un aparato político-policiaco que ha impedido la producción eficiente y creado una situación de privilegios irritantes, temor y alineación entre sus integrantes.    

Sabemos que hemos de necesitar una intensa labor de educación sobre los principios orgánicos y las ventajas sociales y económicas del cooperativismo y además las ventajas sociales del cooperativismo y otras entidades de producción o servicios  y de la necesarias asistencia técnica y financiera –mediante créditos adecuados- y que hemos de institucionalizarlo mediante la Ley y los procedimientos judiciales administrativo que den adecuadas garantías a estas organizaciones sociales de producción.

La necesidad de la participación de la clase trabajadora en la toma de decisiones en las empresas de producción o servicio, responde a la clara identificación del “factor humano” en la actividad económica,  para lo cual la sociología y la psicología social han hecho estudios adecuados que nos permiten afirmar que la descentralización y el pluralismo en la economía social de mercado ofrece la instrumentación adecuada al pueblo para enfrentarse a la tentación totalitaria.

La autogestión de los trabajadores en  la dirección en los centros de producción o servicio es necesario institucionalizar, lo antes posible, en cuanto se emprenda el cambio al socalismo del Siglo XXI.

En la sociedad de autogestión  las relacionaes contractuales no rigen  sólo en la esfera económica, sino tambien lo hacen en la vida social.  La integración de la sociedad surgirá desde abajo, pero esta integración ha de estar condicionada al desarrollo económico y a la consolidación del libre ejercicio de los derechos políticos y sociales del individuo.

La empresa de autogestión es una unidad de producción o servicio dada a sus trabajadores en administración o usufructúo, a los fines de que la misma realice los objetivos sociales y económicos para los cuales fue constituida.  A esos efectos los trabajadores, libremente, determinarán los órganos de administración y adoptaran las decisiones fundamentales sobre el desarrollo de sus actividades, con las únicas limitaciones establecidas en su contrato de constitución, en el que  se establecerán las garantías de eficiencia y las obligaciones sociales con las que estarán comprometidos.

COMUNIDADES EN LA BASE SOCIAL

   Las comunidades naturales en la base social son la familia, el sindicato, el municipio y la Universidad.  El Partido Social Revolucionario Democrático sustenta el criterio de que una soberanía activa sólo es realizable cuando las comunidades en la base social tienen efectiva participación en las decisiones de los órganos del estado que regulan la convivencia nacional; a ese efecto el Partido en su programa propone la corresponsabilización creciente de las mismas en la vida institucional de la nación.

1.-  LA FAMILIA

La familia es centro moral del individuo y fundamento de la sociedad: en consecuencia, con éste criterio ha de garantizarse sus bases económicas y su participación en la comunidad nacional.

Sociólogos, religiosos y políticos concuerdan con la importancia de la familia para el desarrollo de una personalidad emocionalmente equilibrada, y para la formación ética que sustente la conducta positiva en la convivencia social.

El salario familiar y la propiedad familiar son soportes económicos necesarios e imprescindibles para la estabilidad familiar.  El salario familiar en una sociedad pluriempresarial –que es la propuesta del Partido- pudiera financiarse mediante la contribución social administrada por un instituto de asistencia familiar, dirigidos por organismos de base social y las instituciones comprometidas con la seguridad social.

La propiedad familiar ha de tener protección impositiva y jurídica, dirigida a darle solvencia financiera, atendiendo al fin social de la misma.  No ha de ser dicha propiedad de libre venta, renta o pignoración, ya que la misma ha de estar regulada por una legislación especifica que determine su constitución y operabilidad.

Si es importante, institucionalizar los soportes económicos de la familia, importante es que la misma participe en la vida en sociedad, integrándose en todas las instituciones públicas que se relacionen con la educación, salud y seguridad social de la familia, la juventud y la niñez.  La protección del menor, la satisfacción de sus necesidades físicas y educacionales es responsabilidad de la familia en forma prioritaria, y en forma subsidiaria, de la sociedad.

La planificación familiar no corresponde a la sociedad o al estado.  Al estado, la sociedad y las iglesias competen la educación y comprensión del problema para que la familia esté en condiciones de decidir en la materia.

2.-  EL SINDICATO

En el presente, la única realidad social fiable en Cuba es el conjunto de los trabajadores, cualquiera que sea la calificación de éstos, los cuales constituyen, por razón territorial,  o de producción o servicio, la comunidad del trabajo, sobre la cual descansa íntegramente la posibilidad de la producción y el mantenimiento mínimo básico de civilización: educación, salubridad, esparcimiento etc.

Por lo tanto: La representación de la comunidad del trabajo ha de ser reconocida institucionalmente dentro de la estructura del Estado, y contemplada su participación en las decisiones económica y administrativas en todos los niveles de la sociedad.

El Sindicato, persona jurídica de Derecho Publico, -que así fue reconocido por el Tribunal Supremo de Cuba hace más de medio siglo- conceptualmente  es una institución democrática, apartidista, representativa de la comunidad del trabajo, cuyo objetivo ha de ser garantizar la seguridad social, el desarrollo educacional del trabajador y su familia, promover la acción popular y ejercitar la iniciativa legislativa.

La sindicalización es derecho inalienable del trabajador.  El Estado u otra entidad pública o privada no podrán  limitar el mismo o condicionarlo.

Respondiendo a estos principios, los social-revolucionarios programamos estructuras y funciones del sindicato en el orden jurídico, en el socio-económico, y en el cultural y educacional.

ESTRUCTURAS:

El Sindicato, atendiendo a las características de la modalidad laboral, se constituirá por centro de trabajo o división territorial, en consideración a los fines sociales, y se constituirán delegaciones a nivel municipal,  provincial, sectorial y nacional.

Las delegaciones municipales y provinciales, constituidas mediante el acuerdo de la mayoría de los sindicatos del área, han de tener las funciones siguientes:

A)Participar por medio de sus representantes en todas las entidades públicas que intervienen en proyectos, regulaciones o decisiones en asuntos de interés de las comunidades del trabajo en su área de jurisdicción.
B)Auspiciar, proyectar y realizar actividades de las comunidades de trabajo que representan.

Las federaciones, constituidas mediante el acuerdo de la mayoría de los sindicatos, del sector correspondiente a la actividad productiva o de servicio, a  nivel nacional han de tener las funciones siguientes:

A)Participar por medio de sus representantes en todas las entidades
Públicas que intervienen a nivel nacional que intervienen en proyectos, regulaciones o decisiones que afecten directamente a sus representados.

B)Auspiciar,  programar  y realizar proyectos de interés para los
     trabajadores del sector de producción o servicio que representan

 
La Central de Trabajadores de Cuba es la delegación a nivel nacional de la mayoría de los sindicatos del país.  A ese efecto:

A)Participará con voz y voto en todos los órganos del estado a nivel nacional que legislen, regulen o tomen decisiones en materia de seguridad social, educación, promoción económica, desarrollo cultural y salud pública.

B)Representará a los sindicatos en todas aquellas funciones que éstos le encomienden mediante procedimientos establecidos por los congresos nacionales de la central sindical.

El paralelismo sindical es inaceptable porque obra contra los fines mismos de los trabajadores organizados, al dividir y entorpecer su capacidad de acción.  En consecuencia, no podrá existir más de una organización sindical legalmente representativa, a los niveles de la comunidad del trabajo, municipio, provincia, del  sector de producción o servicio, o del gobierno nacional.

EN LO JURÍDICO,  EL SINDICATO

A)Concertará la contratación colectiva del trabajo, como la contraparte en los casos de empresarios privados o estatales.


B)Representará al sindicato o a los sindicalizados en los conflictos laborales o económicos emanados de las relaciones del trabajo en todos los niveles de la judicatura;  esto, por supuesto, no implica limitar el derecho de acción legal por decisión del trabajador.


C)Participará directamente o mediante sus entidades representativas, con voz y voto, en los organismos que regulen, tomen decisiones o legislen en las áreas de interés directo de las comunidades del trabajo.

EN LO SOCIO-ECONÓMICO, EL SINDICATO:

A)Participará directamente, o mediante entidades representativas, en los organismos públicos que regulen o promuevan estas actividades.
B)Promoverá y realizará instituciones o proyectos que tengan por objeto elevar el nivel socio-económico de los sindicalizados.

EN LO CULTURAL Y EDUCACIONAL, EL SINDICATO: 

A)Participará directamente, o por medio de sus entidades representativas, en los organismos públicos que proyecten y dirijan esas actividades.


B)Proyectará y realizará sus propios programas culturales y educacionales, prestando especial atención a la educación sindical, el cooperativismo, la autogestión y proyectos solidarios.

C)Prestará asistencia técnica a proyectos educacionales, culturales y de solidaridad social, preferentemente actividades artísticas y culturales de empresas cooperativas, de autogestión y de ayuda mutua.

EL MUNICIPIO

El  Municipio es la primera institución autónoma que se crea en nuestro país con desarrollo propio.  La autonomía municipal permitió que el espíritu y el quehacer democrático se hicieran consustanciales en la Cuba que nacía.

De hecho, la autonomía municipal fue proclamada en 1528 cuando Manuel Rojas, procurador de Bayamo, presentó a la Junta de Procuradores las bases reguladoras de la organización municipal, rechazando la intervención en las decisiones judiciales y civiles de la comunidad. De derecho, en 1574, cuando el oidor Alonso de Cáceres redactó y puso en vigor las Ordenanzas Municipales, reconociendo la personalidad jurídica a los cabildos.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1940 plasmó en el Artículo 212 de la Constitución que: “El Municipio es autónomo. El gobierno municipal queda investido de todos los poderes necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad local”.

Por lo expresado anteriormente hemos de concordar en que el Municipio es una institución natural de nuestra tradición democratizadora,  por lo cual deberá ser una de las bases estructurales de la sociedad cubana en cuanto sea sustituido el actual gobierno.

El Municipio ha de ser el poder autónomo instituido para satisfacer las necesidades de la comunidad por razones de vecindad y para coadyuvar a la realización de los proyectos de la sociedad nacional.  En uso de esa autonomía quedará investido de las facultades necesarias para resolver libremente los asuntos de la sociedad local, regulando los servicios públicos, satisfaciendo las necesidades populares, mejorando las condiciones materiales y culturales, con capacidad de operar empresas económicas cuando esto fuera necesario para la
Realización de sus funciones.

El Municipio es la comunidad local organizada con viabilidad económica que permita su gobierno autónomo, lo cual se  determinaría mediante acuerdo de organismo técnico adecuado.  El gobierno central suplirá las funciones, por motivo de interés general, en aquellos casos excepcionales en que el gobierno municipal no esté en condiciones de atender o satisfacer las necesidades locales.

La Carta Municipal regulará los limites y organización interna de cada Municipio mediante métodos que garanticen la participación popular en su área de jurisdicción, sin otras limitaciones que las que determinen el orden legal que garantice su autonomía.

4.-  LA  UNIVERSIDAD

La Universidad, en la nueva sociedad, deberá representar la comunidad universitaria, integrada por profesores, graduados, estudiantes y empleados, y participar en la dirección del proceso social.

Esta afirmación no es un planteamiento innovador; es consecuente con la acción iniciada en la Universidad de Córdoba, mediante manifiesto del 15 de Junio de 1918, titulado “Manifiesto de la Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de América”, el cual expresaba: “Se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar  a todos los hombres libres del continente” y exigía la necesidad de la “autonomía, política, doctrinal, docente y administrativa de la Universidad”. “Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda esperanza es hostil  y, por consecuencia, infecunda”. La petición de la instrucción gratuita para los que por razones económicas no tienen acceso a la educación universitaria enfatiza el sentido prospectivo de este documento democratizador.

El mensaje de Córdoba estremeció a América Latina, pero repercutió muy especialmente en la Universidad de la Habana, en el Congreso Estudiantil de 1923 cuando Julio Antonio Mella define la misión de la Universidad: “Debe justificarse con hechos que la Universidad de la Habana es un órgano social de utilidad colectiva y no una fábrica donde vamos a buscar la riqueza privada de un título”.

El mensaje de Córdoba es una demanda social, una exigencia democrática y una revolución intelectual. Consecuentemente con este pensamiento, Víctor Raúl Haya de la Torre expone:  “Concebimos los ideales americanos como el sentido propio de los pueblos nacientes en esta parte del mundo que podrá imprimir a los ideales de la humanidad”; posteriormente agrega: “hacer del profesional un factor revolucionario y no un instrumento de la reacción, un servidor consciente y resuelto de la mayoría de la sociedad”.  Complementando esta concepción dentro del movimiento de reforma surgido en Córdoba, Germán Arciniegas expone que “el mejoramiento de los sistemas sociales, a base de transformaciones económicas, políticas y pedagógicas, sólo puede lograrse mediante un robustecimiento, una exaltación atrevida del sentido crítico”.

En “Nuestra América” las noches del despotismo siempre se inician cercenando la autonomía universitaria.  Esto ha sido una constante, Cuba no ha sido la excepción. Cuando el proceso democratizador se fortalece, la autonomía se amplía y se consolida; cuando el despotismo se inicia, de inmediato se socavan las bases de la autonomía universitaria.

En Cuba, al constituirse el Consejo Superior Universitario mediante la Ley No. 916 del 31 Diciembre de 1960, quedó definitivamente invlidada la autonomía universitaria por el gobierno de Castro. Complementándose la anulación mediante la Reforma Universitaria del 11 de Enero de 1962.
Terminado el actual gobierno, las universidades deberán recuperar su autonomía conforme a los principios históricos que la sustentaron, pero además, como órgano social, dinámico y creador, de utilidad colectiva, corresponsabilizado en la realidad social.

Cada Universidad pública ha de gozar de plena autonomía, y en ejercicio de la misma realizará las funciones académicas, culturales y sociales que a ella corresponde a nivel local.  En representación de esa autonomía el Consejo Nacional de Universidades establecerá los requerimientos académicos mínimos en cada especialidad para alumnos y profesores; asimismo, se proyectará a nivel latinoamericano al objeto de lograr la coordinación de los planes de estudios, los proyectos culturales y tecnológicos de nuestros pueblos y la coordinación e interacción necesarias a ese efecto.

Adscribiéndonos a los principios de la reforma universitaria surgida en Córdoba, que desde 1923 se hizo consustancial en la lucha estudiantil y en algunos profesores de la Universidad de la Habana, proclamamos el quehacer protagónico de la Universidad en la promoción de la cultura a todos los niveles de la población, en los programas educacionales, de capacitación técnica y administrativa del país, así como en los proyectos que afecten la economía la salud pública y la seguridad social; pero reiterando el pensamiento de Germán Arciniegas, “mediante un robustecimiento, una exaltación atrevida del sentido crítico”.





Fundamentos de un militante
Por Roberto Simeón

Socialismo, democracia, legitimidad y método histórico.

Hemos de  partir en  el camino  al socialismo y a la democracia como ayer, hace algo más de dos siglos, el teólogo jesuita francés conocido como el padre Vigo identificara al socialismo con el cristianismo. Es decir identificando los valores éticos de convivencia en sociedad que identifican estas posiciones individuales antes la comunidad.
Nosotros preferimos partir,  afirmando que el socialismo es una proposición ética y la democracia  una formulación jurídica.
Al hablar de democracia y de socialismos es necesario considerar  los fundamentos esenciales a que nos referimos.  Generalmente el tema de la democracia esta asociado al pluripartidismo y al poder ejercer el voto, en determinados periodos de tiempo y circunstancias; para elegir  a determinados candidatos propuesto por los llamados partidos políticos y sobre todo por el libre ejercicio de la propiedad privada en que los empresarios así llamados comúnmente (poseedores del capital) impongan su concepción de  sociedad conforme a sus intereses o modo de pensar.
La definición de democracia por Abraham Lincoln, Presidente de Estados Unidos a mediado del Siglo XIX, al definir que: “democracia es  gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”,  no estaba  consciente que estaba definiendo el socialismo en su formulación elemental y superficial.  El concepto de pueblo para él Presidente, excluía a las mujeres, los negros, los indios, y los blancos no contribuyentes al gobierno con su pago de impuestos.  Lo cual lo convierte en plutócracia.
Continuando estas consideraciones hemos de conceptuar  la  democracia   como una modalidad institucional de sociedad y   al socialismo una valoración   ética.
Democracia es relación jurídica en que todos los  integrantes de la sociedad tienen reconocidos los mismos derechos,  existan las instituciones que garanticen su ejercicio y la voluntad de la sociedad  de ejercerlo.  El grado de participación social determina el nivel de democracia en  toda sociedad.   Los partidos políticos financiados por los que sustentan el poder económico como únicos participantes en la dirección social,  invalidan todo proyecto democrático.
En cambio el socialismo sustentado en valores éticos no ha de  responder en cada caso a  estructura jurídica determinada.  Cada percepción de la realidad  creará  formulación institucional siempre temporal  –éticamente sustentada-  en el  largo camino de   internalizar la solidaridad.
El socialismo es  búsqueda de camino, al logro pleno de la libertad de la persona,  fundamentado en los valores de: Solidaridad y Colaboración.
Solidaridad proviene de la palabra latina “solidus”, de la que deviene macizo, refiriéndose a la fuerte cohesión y adhesión que debe haber entre todos los miembros de la sociedad. Colaboración, trabajo en común complementa al de solidaridad, porque sin el trabajo en común no es posible la fuerte cohesión y adhesión que debe haber entre los miembros de una sociedad para emprender el camino al socialismo.
Estos fundamentos éticos  solidaridad y colaboración, han de ser  bases necesarias para emprender el camino al socialismo. Lo cual nos permite concluir que  el trabajo es un fin en si mismo al logro del socialismo, es el aporte de cada persona al desarrollo de la sociedad,  del crecimiento económico y cultural  de la familia y la comunidad humana, y en consecuencia de modo alguno puede aceptarse que sea considerado mercancía determinándose su valor por las leyes de la oferta y la demanda.
En consecuencia de lo expuesto, el valor  del trabajo en modo alguno  puede aceptarse que sea determinado por la empresa, considerada esta como concertación del  capital financiero técnico-científico.
El capital trabajo, se ha de determinar mediante la concertación  colectiva entre la representación de la comunidad del trabajo –el sindicato- y la representación del o los empresarios.
El sindicato en el ejercicio de su responsabilidad social no habrá de concretarse en concertar las relaciones contractuales. Ha de tener participación activa en la supervisión de las condiciones de seguridad y servicios médicos del trabajador en cada centro de trabajo, los beneficios económicos y de seguridad social; además  en ejercicio de su responsabilidad social ha de asistir a  trabajadores y  familias en cada  comunidad en reclamar los servicios sociales que las mismas demandan.
El sindicato a medidas de sus posibilidades ha de desarrollar actividades de promoción cultural, desarrollo del cooperativismo en sus diversas modalidades y  aquellas iniciativas que incrementen la solidaridad social.
Las estructuras institucionales en el conocimiento histórico del hombre  han mostrado  ineficacia al logro de  la plena realización de la persona, en consecuencia en el quehacer social hemos de buscar una nueva institucionalidad
Los regímenes llamados fascistas, democracia representativa, capitalismo liberal,  capitalismo de estado y paternalismo estatal han caducado.  Son entelequias institucionales que se sostienen por inercia o por coacción.
Aspiramos a resolver el conflicto histórico entre individuo y  sociedad, superando la enajenación de la persona y su condición de ser manipulado. Liberando así energía activa en un enorme  segmento de la humanidad, a través de una auténtica sociedad que haga posible  compromiso y libre participación de todos, en el proceso de definir y crear la perspectiva social  elegida.
Al sustentar esta aspiración es obvio que rechazamos toda sociedad de partido único, concepción filosófica o teológica del estado que conlleve penalidades,  exclusiones o discriminaciones para los que no compartan la doctrina imperante.
Toda filosofía oficial de estado llámese: socialista, cristiana, nacionalista o de cualquier otra denominación: sustenta un régimen inquisitorial, creador de una nueva autoridad para determinar heréticos y desviados.
Los “socialistas” y los “demócratas” acorde con su identidad, no obstante sus notables diferencias, pueden  aceptar por razón de facto  puramente eventual, la identidad de estado y gobierno en un momento que se desplome un viejo régimen, Pero su temporal legitimidad estará sustentada, al proclamar su eventualidad y proveer el tránsito a la legitimidad.  Esta no se puede alcanzarse sino por la aprobación expresa, en pleno ejercicio de las libertades públicas de la población directamente representada.
El reclamo de unidad bajo subordinación irrestricta al caudillo, partido o grupo no es mas que una argucia para implantar un régimen totalitario negador de los fueros que han de ser incólumes de la persona.
Rechazamos tanto el concepto de verticalidad unipersonal de gobierno, como  la identidad entre estado y gobierno en una sola identidad fáctica.
En los primeros momentos, después que un régimen acaba de desplomarse y por conquista armada acaba de asumir el poder  un nuevo equipo, el estado de facto es una realidad determinante.  No obstante el gobierno así establecido, al objeto de una provisoria legitimidad, tiene que reconocer su provisionalidad y proveer el transito a la legitimidad. 
Esta no puede alcanzarse,  sino por  aprobación expresa, en pleno ejercicio de las libertades públicas,  de la población directamente representada.  El reclamo  de unidad bajo subordinación irrestricta al caudillo, grupo o partido victorioso, no es más  que una argucia para implementar un régimen totalitario negador de los fueros inconculcables de la persona humana.
Una democracia real, llámesele obrera, participativa, socialista, orgánica funcional –el nombre no es lo importante- sino como se institucionaliza  y   sustenta económicamente la estructura social y   conforman  los órganos del estado.   La tríada de poder ejecutivo, legislativo y  judicial ya son insuficientes, es necesario redefinir nuevos órganos que garanticen la más amplia  participación de las personas en la base social.

En forma enunciativa de modo alguno limitativas,  nos permitimos mencionar por ejemplo a la judicatura institucionalizada en uno  o más órganos autónomos:  Tribunal Constitucional,  Tribunal Supremo de lo Civil y lo Penal, Ministerio Fiscal,   órganos legislativos, regionales y municipales,   Central Sindical Nacional y regionales, Centros de altos estudios (Universidades),  órganos de dirección económica y  seguridad social,  promoción cultural, etc. etc. etc.
En síntesis rechazo el concepto de la unicidad del estado y creo que el proceso histórico nunca lineal, ha de contemplar  pluralidad de  órganos del estado que permitan  creciente participación de los ciudadanos en su dirección.
Los regímenes paternalistas, la mal llamada democracia representativa y los estados totalitarios cualesquiera que sea o haya sido su denominación resultan  insuficientes para dar respuestas confiables a los grandes problemas con que abrimos el presente siglo.  Es necesario replantearse  el problema de la institucionalidad política y  formulación de  estructura económica, mínimamente justa frente a los tremendos desniveles y contradicciones actuales.
Demostrado está que el poder económico genera poder político, y cuando  se encuentra en derecho domínico o de usufructo por parte de  gobierno,  partido o clase, genera  totalitarismo, y cuando está en mano de corporaciones privadas ya nacionales ya transnacionales genera  el capitalismo. El estado sometido por esas estructuras  produce entonces una sociedad capitalista o colonial.
En cambio si el poder económico es ejercido por amplios sectores sociales,  se van creando las condiciones para una democracia económica, en la cual el ciudadano pasa de ser de simple súbdito de  la economía a señor de la misma.  De igual manera, cuando se impone en una comunidad una política económica diseñada por factores extraños a la misma, y  se desconocen los derechos sociales y económicos de la persona, se dan  condiciones de  inestabilidad.
Los social-revolucionarios  comprendemos la naturaleza cambiante de la realidad pero tomamos la decisión de modificarla para realizar los valores de  libertad, solidaridad y colaboración, al objeto lograr la  libertad de la persona para su plena realización. Es evidente que las formulas ensayadas a lo largo de la historia no son satisfactorias para lograr ese fin.
Quizás seamos muy reiterativos en nuestras definiciones de socialismo y democracia, pero resulta importante  observar el confusionismo con que se hace referencia a estos términos.  Nosotros identificamos al socialismo como una interrelación ética entre sociedad y persona, y  una posición de esta última y la realidad.