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En The New York Times, hoy: Entreguemos Guantánamo a Cuba
Honduras: Un enfoque empirico de una economía en crisis.
Por Ricardo Salgado Bonilla.
La demolición del Canada
Por Alberto Rabilotta
En The New York Times, hoy: Entreguemos Guantánamo a Cuba
By JONATHAN M. HANSEN
Cambridge, Mass.
The New York Times
Traducido por Cubadebate
En los 10 años transcurridos desde que el campo de detención de Guantánamo se abrió al debate angustioso de si se cierra la instalación o se mantiene de forma permanente, se ha ocultado un fracaso más profundo que se remonta a más de un siglo e implica a todos los estadounidenses, y tiene que ver con nuestra continua ocupación del propio territorio de Guantánamo. Ya es hora de devolver este enclave imperialista a Cuba.
Desde el momento en que el gobierno de los Estados Unidos obligó a Cuba a arrendar la bahía de Guantánamo como una base naval para nosotros, en junio de 1901, la presencia de Estados Unidos ha sido más que una piedra en el zapato de Cuba. Ha servido para recordar al mundo la larga historia del militarismo intervencionista de Estados Unidos. Pocos gestos tendrían un efecto más saludable en el sofocante callejón sin salida de las relaciones cubano-estadounidenses, que la devolución de esta pieza codiciada de tierra.
Las circunstancias por las que los Estados Unidos llegaron a ocupar Guantánamo son tan preocupantes como su última década de actividad allí. En abril de 1898, las fuerzas estadounidenses intervinieron durante tres años en Cuba, en el momento en que los cubanos luchaban por su independencia y tenían esta guerra casi ganada, de modo que convirtieron la Guerra por la Independencia de Cuba en lo que los estadounidenses siguen la costumbre de llamar “Guerra Hispano-Americana”. Los funcionarios estadounidenses luego excluyeron al Ejército de Cuba en el armisticio y les negaron un lugar a Cuba en la conferencia de paz de París.
“Hay tanta ira natural y angustia en toda la isla”, comentó el general cubano Máximo Gómez en enero de 1899, después de la firma de la paz, “porque el pueblo no ha podido celebrar realmente el triunfo tras el fin del poder de los antiguos gobernantes.”
Curiosamente, la declaración de los Estados Unidos en torno a la guerra con España incluye la garantía de que Estados Unidos no buscó intervenir “la soberanía, jurisdicción o control” sobre Cuba y que su intención era “dejar el gobierno y el control de la isla a su pueblo.”
Pero después de la guerra, los imperativos estratégicos primaron sobre la independencia de Cuba. Los Estados Unidos querían el dominio de Cuba, junto con las bases navales desde las cuales lo ejerce.
Introdujeron al general Leonard Wood, a quien el presidente William McKinley había nombrado gobernador militar de
Cuba, y con él las disposiciones que se conocieron como la Enmienda Platt. Dos de estas disposiciones fueron particularmente odiosas: una garantía de que los Estados Unidos ejercerían el derecho de intervenir a voluntad en los asuntos cubanos, y la otra, que instituía para siempre la venta o arrendamiento de estaciones navales. Juan Gualberto Gómez, delegado principal de la Convención Constituyente de Cuba, dijo que la Enmienda haría de los cubanos “un pueblo vasallo”.
Presagio de la crisis de los misiles cubanos, proféticamente Juan Gualberto advirtió que las bases extranjeras en suelo cubano sólo traerán para Cuba “conflictos que no saldrán de nuestra propias decisiones y en los que no tenemos ningún interés”.
Pero era una oferta que Cuba no podía rechazar, como Wood informó a los delegados. La alternativa a la Enmienda fue la continuación de la ocupación. Los cubanos recibieron el mensaje. “Hay, por supuesto, poco o nada de la verdadera independencia, que se fue de Cuba con la Enmienda Platt”, comentó Wood al sucesor de McKinley, Theodore Roosevelt, en octubre de 1901, poco después de que la Enmienda Platt fuera incorporada a la Constitución cubana. “Los cubanos más sensibles comprenden esto y sienten que lo único consistente ahora es buscar la anexión.”
Pero con Platt en su lugar, ¿quién necesitaba la anexión? Durante las próximas dos décadas, los Estados Unidos en repetidas ocasiones enviaron infantes de marina con sede en Guantánamo para “proteger sus intereses en Cuba” y la redistribución de tierras que habían sido bloqueadas. Entre 1900 y 1920, 44.000 norteamericanos se establecieron en Cuba, para impulsar la inversión de capital en la isla, que partió de unos 80 millones de dólares a un poco más de mil millones de dólares y llevó a un periodista a comentar que poco “a poco, la isla entera está pasando a manos de los ciudadanos estadounidenses”.
¿Cómo lucía esto desde la perspectiva de Cuba? Bueno, imagínese que al final de la Revolución Americana los franceses hubieran decidido permanecer aquí. Imagínese que los franceses se hubieran negado a permitir que Washington y su ejército asistieran a la tregua en Yorktown. Imagínese que negara en el Congreso Continental un asiento a los estadounidenses en el Tratado de París, que expropiaran los bienes de los ingleses, ocupado el puerto de Nueva York, enviara tropas para aplastar a los Shays y a otras rebeliones y luego emigrara a las colonias en masa, robándose lo más valioso de nuestras tierras.
Tal es el contexto en el que los Estados Unidos llegó a ocupar Guantánamo. Se trata de una historia excluida de los libros de texto estadounidenses y abandonados en los debates sobre el terrorismo, el derecho internacional y el alcance del poder ejecutivo. Pero es una historia conocida en Cuba (que motivó la Revolución de 1959) y en toda América Latina. Esto explica por qué Guantánamo sigue siendo un símbolo evidente de la hipocresía en todo el mundo. No hace falta siquiera hablar de la última década.
Si el presidente Obama reconoce esta historia y pone en marcha el proceso de devolución de Guantánamo a Cuba, podría comenzar a reparar los errores de los últimos 10 años que pesan sobre nosotros, por no hablar de cumplir con una promesa de campaña electoral. (Dada la intransigencia del Congreso, no hay mejor manera de cerrar el campo de detención que entregar ese territorio con la base naval incluida.) Rectificaría un agravio secular y sentaría las bases para nuevas relaciones con Cuba y con otros países en el hemisferio occidental y en todo el mundo. Por último, se enviaría un mensaje inequívoco de que la integridad, auto-control y transparencia no son una prueba de debilidad, sino los atributos indispensables de liderazgo en un mundo siempre cambiante.
Seguramente no hay manera más apropiada de observar este sombrío aniversario de hoy, que defender los principios que Guantánamo socavó hace más de un siglo.
*Jonathan M. Hansen, profesor de estudios sociales en Harvard, es el autor de “Guantánamo: Una Historia americana”
Honduras; Un enfoque empirico de una economía en crisis
Por Ricardo Salgado Bonilla
Rebanadas de Realidad - Tegucigalpa, 02/01/12.- Entramos en un año muy importante para todos los procesos de liberación en Latinoamérica; su consolidación en varios países, y el avance de las fuerzas populares en otros, no solamente dependen de su propio desarrollo interno, sino, además, de la forma en como la economía mundial vaya configurando los intereses hegemónicos de los países con mayor capacidad bélica en el planeta. Es la economía la que determinará los acontecimientos de 2012, y, seguramente de los años futuros.
No nos son extraños los acontecimientos en Siria, Irán, Rusia o China; la información que circula en la red sobre la conclusión de chinos y rusos sobre la vía militar como la única forma de frenar la voracidad de la maquinaria guerrerista de los países capitalistas en crisis aporta un nuevo factor, quizá decisivo, al mapa de correlación de fuerzas en el mundo. La inminente invasión a Siria, fácil de prever hace solo seis meses, hoy contiene elementos que podría evitar esta nueva atrocidad contra la humanidad, o elevar las tensiones a niveles peligrosos.
Mientras eso sucede, España, Italia y Grecia han sido puestos a disposición del Fondo Monetario Internacional; Mario Monti y Mariano Rajoy, en una negación de absurda de los hechos han adoptado medidas que ya han fracasado, y que, de hecho, han llevado a sus países por la vía del desastre. Irónicamente, los Estados Unidos en sus crisis y descalabros económicos no permite la participación del FMI, acaso porque sabe lo letal que puede ser esta medicina. En todo caso, la crisis capitalista se profundiza, lo que no significa necesariamente el colapso del sistema, el que lucha incesantemente en recrear sus condiciones de existencia.
Los países latinoamericanos han podido sortear, en su mayoría esta crisis sistémica durante 2011, pero los desempeños de sus economías se verán afectados en 2012 por la inestabilidad del dólar y del Euro, así como por la volatilidad en los precios de los carburantes. Si nos atenemos a las evidencias, la integración de nuestros países ha traído consigo la posibilidad de sortear mejor las dificultades de la crisis, resaltando el papel importante que tienen iniciativas como Petrocaribe, el ALBA y las misma UNASUR; esto porque, a pesar de las dificultades de la economía, la tendencia a reducir las brechas de desigualdad neoliberales, permite mayor capacidad de operación a los gobiernos de la región frente a la turbulencia financiera mundial.
Ahora bien, nuestros países más pequeños presentan realidades disimiles, algunos se mantienen alejados del FMI lo que resulta en mayor soberanía en la toma de decisiones sobre asuntos cruciales, mientras otros, como Honduras, se rigen bajo los “acuerdos” (entiéndase mandatos) del Fondo Monetario Internacional, y se conforma con cumplir con las metas que este demanda. Aquí debemos ser muy precisos, las medidas que viene d este organismos buscan reducir la actividad del Estado y su influencia sobre la actividad económica de los países, asumiendo la falacia de que el Estado es corrupto y mal administrador, omitiendo por completo que quien paga las coimas, hace las componendas, compra magistrados y fiscales, y recluta generales para que den Golpes de Estado son las elites económicas, las que siguen sin ningún tipo de regulación, a las que se beneficia con mayores prebendas, jugosos negocios y hasta se les condonan deudas. El eje central de la corrupción y la ineficiencia del Estado es históricamente el dinero de los acaudalados empresarios, eso hoy es un axioma.
Según la CEPAL, Honduras tendrá un crecimiento de 3.2% en 2012, cifra que para la población no significa nada, y para el gobierno apenas una cifra modesta que, de concretarse, le permitiría mantener el nivel de atraso en el que ahora vive. No podemos olvidar que el caso hondureño es particular después del golpe de Estado de junio de 2009, y es importante comprender dos cosas muy importantes al respecto: a) El impacto económico directo de la crisis lo han recibido el Estado y el pueblo hondureño, que ahora está a campo abierto frente a las medidas neoliberales, sin acceso a programas de reducción de la desigualdad (claro este no es un propósito del sistema, al contrario); y b) Los mayores beneficiarios del mismo golpe de Estado han sido las clases dominantes del país; la actividad bancaria fundamentalmente, cuyo cliente principal es el Estado de Honduras, es decir el que le paga mejores réditos por su dinero.
La deuda externa del país ha crecido nuevamente por encima de los dos mil millones de dólares, según voceros de FOSDEH, haciendo olvidar la condonación de que se jactaron durante la administración Maduro, quien llego a hacer un cínico llamado a gastar dinero que no existía, sino que, simplemente, dejaríamos de pagar, cuyo servicio era un dolor de cabeza permanente para los gobiernos hondureños. La deuda interna cerca de tres mil doscientos millones de dólares, llega a la nada despreciable suma de sesenta mil ochocientos millones de lempiras, casi la mitad de todo el presupuesto aprobado para el 2012.
El pago de las obligaciones de esta deuda significará hasta el 30% del presupuesto aprobado por el congreso nacional, es decir cuarenta y tres mil doscientos millones de lempiras, o, el equivalente a SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS (calculados a 5,500 lempiras), o el salario por un año, incluidos 14 pagos, de medio millón de trabajadores. Esa es la dimensión desproporcionada que tiene que enfrentar el Estado de Honduras para pagar a sus acreedores locales; aproximadamente la mitad, según cifras brindadas por el mismo gobierno en julio de 2011, ira a parar a las arcas de la banca privada, que hoy es un negocio bastante “prospero” en medio de un país al borde de la quiebra.
Naturalmente, esta situación se traducirá en una drástica reducción en el gasto social, y, si el gobierno sigue la lógica de la mal llamada “disciplina fiscal”, la calidad de vida de los hondureños se verá drásticamente reducida en el año que recién comenzamos. Importante aquí mencionar los datos arrojados por la última encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística que indica que de poco más de 8 millones habitantes en el país, casi cinco millones y medio somos pobres, cifra que seguramente aumentara en un año en el que, a menos que se tomen medidas extraordinarias y soberanas, el país se enfrentara a una crisis que aun en este momento es impensable.
Las reservas internacionales han caído durante los últimos 6 meses, y para diciembre último se estima que su valor era insuficiente para cubrir 3 meses de importaciones. Esta situación servirá para acelerar, entre otros males, el deslizamiento de la moneda, que ya era evidente para finales del 2011, lo que contradice abiertamente la afirmación de la Presidenta del Banco Central de que la medida de regreso a la banda cambiaria apoyaría una revaloración de la moneda.
El problema sistémico es serio en Honduras, y solo un cambio drástico, con algunas medidas inmediatas que harían posible el escape a una debacle. Primero que nada, habría que hacer una evaluación de la utilidad que tienen para el país algunos organismos, por ejemplo la Comisión Nacional de Banca y Seguros que debería desaparecer y regresar el control de la actividad bancaria al Banco Central de Honduras, visto que esta Comisión sirve descaradamente los intereses de los Bancos, en detrimento del pueblo de hondureño. Asimismo, debería prohibirse de inmediato la operación de los llamados Buros de Crédito, o Centrales de riesgo privadas que cumplen una labor de sabotaje contra la población, que está a merced del cruce de información entre empresas violando la privacidad de los ciudadanos y cortando las opciones de impulso a la inversión productiva.
Es tiempo también de repensar la estructura impositiva, pues la misma premia la renta de los que más obtienen y castiga de mil maneras al ingreso asalariado. Las instituciones financieras, para el caso, deberían tener un régimen tributario especial, que grave su renta de acuerdo a su dimensión en referencia a la inversión que hacen en el sector productivo. A mayor inversión y riesgo, mejores las condiciones para los entes financieros. Debe contemplarse en la agenda legislativa el castigo ejemplar de aquellos que cometen actos dolosos, con penas carcelarias contra quienes hacen favores a cambio de regalos, coimas u otro tipo de sobornos, y castigar con el doble de tiempo a quienes pagan por esos “favores”; en cualquier caso, estas penas por fraude contra el Estado, y contra el pueblo, no deberían ser menores de 30 años de cárcel para quienes reciben y sesenta años de cárcel para quienes las pagan.
Aun no entramos en cambios estructurales, pero buscamos la revitalización de la economía y la construcción de un sistema económico interno sano y transparente de verdad. Otro problema inherente a la situación interna de la economía es el impuesto sobre ventas que castiga a las mayorías (basta hacer una operación aritmética para saber quiénes pagan más por este impuesto); por esta razón este impuesto debe reducirse selectivamente a productos de alto consumo entre la mayoría de la población, y recalcularse en productos suntuarios. Estas no son ideas originales ni mucho menos, son el resultado de un vistazo a la situación económica nacional, y seguramente figuran en la mente de muchos hondureños que comparten estas preocupaciones.
El asunto hoy es tomar en serio la situación económica del país, en medio de un entorno complejo y hostil a las posibilidades limitadas de una nación pequeña y dependiente. No podemos seguirnos preocupando porque se van los Cuerpos de Paz (de dudosa trayectoria en todo el mundo) mientras somos indiferentes a un problema que se torna cada vez más inmanejable para todos.
La demolición de Canadá
Por Alberto Rabilotta
(Al reanudar nuestro trabajo informativo, les enviamos un saludo fraterno y un abrazo solidario a todos nuestros amigos y amigas y les deseamos felicidades en este nuevo año que comienza y en el que esperamos avanzar, junto con todos y todas, algunos pasos en el camino por alcanzar días más equitativos y justos para nuestro continente)
ALAI AMLATINA, 03/01/2012.- La gran crisis del capitalismo está permitiendo a la plutocracia financiera dominante destruir una a una todas las grandes conquistas socioeconómicas de los pueblos.
Parecería que nada puede resistir a esa brutal aplanadora que cotidianamente deja un tendal de desempleados y excluidos. Y Canadá no es una excepción.
En Canadá el 2011 terminó y el 2012 comienza con dos importantes cierres patronales (lock-out) para cortar los salarios y destruir a los sindicatos.
El primer lock-out es el de la empresa
Electro-Motive Canadá de London, provincia de Ontario, una filial de la transnacional Carterpillar de Estados Unidos (EE.UU.) que exige de sus 420 trabajadores la aceptación de una baja de 50 por ciento en el salario, las pensiones y beneficios. El segundo lock-out es en la fundición de la transnacional minera Río Tinto Alcan en Alma, provincia de Québec, donde 780 trabajadores fueron impedidos de entrar al trabajo después de semanas de negociaciones infructuosas para renovar el contrato colectivo de trabajo, que expiró el domingo pasado.
Ambos casos no sorprenden. La baja de salarios y de las pensiones, y el debilitamiento o la demolición de los sindicatos se han convertido en la norma en Canadá bajo el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper, que además ha limitado –por no decir eliminado- el derecho de huelga en el sector público federal y en el sector privado de registro federal, como fue evidente durante la reciente intervención del gobierno para poner fin a las huelgas en Correos Canadá –una empresa autónoma- y en Air Canadá, una empresa privada.
El año comienza, si uno sigue los titulares de los grandes diarios canadienses, como el Globe an Mail (G&M), con el recordatorio de que en las primeras tres horas del 2012 los ricos empresarios o ejecutivos ya ganaron el equivalente del salario anual promedio de un trabajador en el 2010 (1), o sea 44 mil 366 dólares canadienses (el dólar canadiense está casi en paridad con el estadounidense), y que el ingreso promedio de los “grandes jefes de empresas” en el 2010 fue equivalente a 189 salarios anuales del trabajador promedio, o sea de ocho millones 385 mil dólares, según los cálculos del Centro Canadiense para Políticas Alternativas (CCPA, en su sigla en inglés). Por su parte el Toronto Star, diario de mayor circulación en el país, destaca la misma información, enfatizando que en el 2010 los 100 ejecutivos mejor pagados del país se concedieron un aumento del 27 por ciento, mientras que el trabajador canadiense promedio solo logró un alza de 1.1 por ciento, o sea menos que la tasa de inflación.
Implantando la desigualdad a marcha forzada
Para quienes han vivido en Canadá durante las últimas cuatro o cinco décadas, como es el caso de quien esto escribe, es visible y palpable la rápida demolición a partir de mediados de los 90 y con una fuerte aceleración desde mediados de la década pasada, cuando los conservadores de Harper llagaron al gobierno, de un sistema que había alcanzado - entro de las economías capitalistas avanzadas-, niveles de igualdad más comparables a los países nórdicos de Europa que a los de EE.UU., como es constatable en las gráficas que miden el “índice Gini” en las últimas tres décadas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El último informe de la OCDE sobre el aumento de la desigualdad en los países miembros (2) revela que desde mediados de los años 90 del siglo pasado se agranda la brecha entre ricos y pobres en
Canadá: El tope de la pirámide canadiense, el uno por ciento de los ricos, vio pasar su parte de los ingresos totales del país de 8.1 por ciento en 1980 a 13.3 por ciento en 2007, y la parte de la riqueza que se apropian los más ricos, el 0.1 por ciento, pasó del dos al 5.3 por ciento.
En gran medida esto se explica por la baja de impuestos que favorece a los más ricos: la tasa marginal sobre los ingresos personales que impone el Estado federal bajó 14 por ciento: de 43 por ciento en 1981 pasó a 29 por ciento en 2010, según las cifras de la OCDE.
En cuanto las grandes y medianas empresas canadienses y extranjeras establecidas en el país, que según la agencia Estadísticas Canadá tienen atesorados en reservas y depósitos bancarios más de 583 mil millones de dólares canadienses y 276 mil millones en divisas extranjeras – lo que significa un aumento del 9.0 por ciento desde el 2010 y del 27.3% desde el 2007 -, en el 2012 y por quinto año consecutivo recibirán una baja de su tributación federal, un regalo de dos mil 850 millones de dólares del gobierno conservador de Harper.
En efecto, en el 2012 se aplicará un recorte de 1.5% a la tributación de las empresas, que de esta manera tributarán una tasa del 15.0%, o sea 7.5 por ciento menos que en el 2007, y 15.0 por ciento menos que en la década de los 90.
Como se pregunta el economista Jim Stanford, del sindicato de Trabajadores Canadienses del Automóvil (CAW, en su sigla en inglés), ¿por qué razón en tiempos de déficits fiscales el gobierno se endeuda aun más para aumentar los flujos de capital de empresas que no están invirtiendo en la economía el capital sobre el cual están sentadas?
La creciente desigualdad de ingresos en Canadá se debe en gran medida a la combinación de varios factores, y en particular a la liberalización comercial que comenzó con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) a finales de los 80 y fue ampliado a México (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
TLCAN) en los 90. Esta liberalización comercial condujo directamente a la aplicación de las políticas de “flexibilización” del mercado laboral, o sea al combate contra los sindicatos para eliminar los contratos colectivos laborales que aseguran el empleo a tiempo completo, a la reducción de salarios, pensiones, beneficios marginales y condiciones laborales, y a la instauración del “trabajo independiente”, que como señala el informe de la OCDE sobre Canadá “incrementa la desigualdad de ingresos” porque los trabajadores “autoempleados” en general ganan menos, no tienen pensión asegurada ni tampoco gozan de beneficios marginales.
En otras palabras, en una economía capitalista la sindicalización asegura mejores salarios para los trabajadores adherentes, pero también impulsa el aumento del salario mínimo. La eliminación de los sindicatos, el objetivo de la política neoliberal, es para reducir los salarios, las pensiones y empeorar las condiciones laborales.
Craig Riddell, economista especializado en asuntos laborales de la Universidad de Colombia Británica, afirma que el 20 por ciento de la desigualdad en materia de ingresos que se produjo en las últimas décadas en Canadá puede ser atribuida “a la baja de la densidad sindical”, y agrega que esto es particularmente constatable en el sector privado, donde la baja de “densidad sindical” ha sido mas pronunciada.
Al papel de los sindicatos en la reducción de la desigualdad de los ingresos se han unido, históricamente, las medidas de redistribución del ingreso adoptadas a mediados de la década de los años 30 para combatir la Gran Depresión, incluyendo la tributación progresiva y las políticas de pleno empleo – el llamado Estado benefactor -, políticas estas que han sido o están siendo abolidas en las naciones del capitalismo avanzado donde están siendo aplicados los programas de austeridad para “reducir” los déficits fiscales.
De ahí la importancia del decreciente papel del Estado en la redistribución de la riqueza a través de la fiscalidad: Hasta mediados de los años 90, según la OCDE, el sistema tributario y de redistribución fiscal canadiense era tan efectivo para contrarrestar la desigualdad como los existentes en los países Nórdicos de Europa, logrando compensar más del 70 por ciento de la desigualdad por los ingresos provenientes del mercado (ganancias bursátiles, etcétera). El efecto de la redistribución ha declinado desde entonces y ahora “los impuestos y los beneficios solo compensan menos del 40 por ciento del aumento de la desigualdad”.
De Canadá al AcáNada
En el diario G&M del pasado 16 de diciembre el académico canadiense Gerald Caplan alerta, en un articulo titulado “Be very afraid: Stephen Harper is inventing a new Canada”, que hay que temer mucho el “nuevo Canadá” que el primer ministro Harper “está inventando” desde que llegó al gobierno en el 2006, y que ya “ha transformado dramáticamente el viejo Canadá”.
Caplan destaca que en Harper se ve la “naturaleza de los verdaderos creyentes e ideólogos que creen que cualquier medio justifica sus sagrados fines”, y retoma lo expresado por el analista canadiense Laurence Martín –del G&M-, de que al igual que los conservadores estadounidenses de quienes los ‘harperitas’ tienen tanta envidia, nuestro gobierno ha fabricado una nueva realidad que está imponiendo al pueblo canadiense.
El elemento central de la “nueva realidad” es la repudiación, cuando no le conviene al gobierno, de cosas tan “irrelevantes como las evidencias, hechos concretos o la racionalidad”, y después enumerar ejemplos bien concretos a partir de acciones ministeriales, Caplan enfatiza que los “valores (del Canadá de Harper) exigen cambios fundamentales en nuestro proceso de gobierno, como el ataque directo de los sindicatos, las medidas sin precedentes adoptadas para silenciar a las organizaciones no-gubernamentales, la mordaza de los ostensiblemente independientes supervisores federales, y el desprecio de décadas de valiosa diplomacia canadiense en la ONU.
“El nuevo Canadá es un lugar donde se le ha dado al militarismo un más preciado lugar que a las operaciones para mantener la paz”, y cita a Martín, para quien “bajo Stephen Harper el gobierno devino totalmente intrusivo () Los controles de Estado están ahora en el punto máximo de toda nuestra historia moderna. Y todas las indicaciones muestran que seguirán extendiéndose”.
Cualquier observador de la política canadiense puede constatar el desprecio manifestado por el actual Ejecutivo hacia el Parlamento; el cambio radical en materia de política exterior para alinearse con las políticas más agresivas de EE.UU. e Israel; la salida del Tratado de Kioto para torpedear cualquier avance destinado a frenar el recalentamiento global; la conclusión de tratados y acuerdos (como el relativo al perímetro de seguridad continental con EE.UU.) negociados sin consultas y a espaldas del Parlamento, entre otras muchas cosas más.
La lista es larga, y como escribe el analista Campbell Clark al hacer un balance del 2011 (G&M,
28 de diciembre 2011) “en un año en el que el mundo fue sacudido por la crisis financiera y las insurgencias árabes, también sufrió cambios la posición de Canadá. Antes de salirse del campo de batalla en Afganistán, en julio, (el gobierno) se unió a la guerra aérea en Libia. Al terminar (esta
guerra) el señor Harper cantó victoria, y prometió que los militares estaban listos para más (misiones). (Harper) bloqueó parte de la declaración de la reunión de los lideres del G8 que exhortaba a negociaciones de paz en Israel, y resistió a la mayoría (de la Asamblea General) de Naciones Unidas al oponerse vocalmente al pedido de reconocimiento de un Estado palestino”.
Entre las instituciones canadienses que peligran, porque los conservadores no aceptan criticas ni mención de otra opinión que la gubernamental, está la emisora pública Radio-Canadá/Canadian Broadcasting Corp.
El 2012 también comienza en este Canadá de Harper con la iniciativa gubernamental para establecer, dentro del ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Libertad Religiosa (OLR), vista por analistas como otro signo del viraje conservador en materia de política exterior, y sin duda uno que entrelaza de manera sólida al gobierno conservador canadiense con los movimientos religiosos con posiciones muy conservadoras en el país y el extranjero. La OLR, según el G&M, podrá criticar públicamente a los “regímenes” que maltraten a las minorías religiosas, y sin necesidad de pasar por los filtros moderadores de la diplomacia ni expresar la posición del Parlamento.
En el “viejo Canadá” de la democracia liberal en un capitalismo bastante regulado, con sus muchos defectos que siguen vigentes o se agravan aun más bajo el gobierno de Harper, como la terrible situación de muchísimas comunidades indígenas, había empero muchas cosas positivas porque en el marco de América del Norte era la única sociedad relativamente igualitaria, progresista, afable, tolerante social y políticamente.
País de instituciones respetadas y respetables, con un Parlamento vibrante por el respeto de la división de poderes, del procedimiento legislativo y la vigencia de la oposición, con una política exterior con una que otra arista de independencia, ese Canadá está siendo arrasado por un gobierno que, al final de cuentas y más allá de los taparrabos usuales, retórica populista, cuestiones morales o religiosas, está sin vergüenza alguna al servicio directo de intereses económicos privados.
¿Cuáles?: Los principales son las compañías petroleras que explotan el sucio petróleo bituminoso de Alberta y quieren acceder a explotar el petróleo y el gas natural en las aguas de Ártico para abastecer el mercado estadounidense; las compañías mineras y de transformación de metales que explotan yacimientos de oro, plata, cobre, cinc y demás minerales en todos los continentes, y particularmente en América latina; de los intereses de grandes bancos de depósitos e inversiones canadienses, como el Bank of Nova Scotia (Scotiabank), para citar uno que tiene tentáculos en casi toda América latina.
Notas
(1) El CCPA utiliza las cifras del 2010 porque no estaban disponibles las del 2011.
(2) OCDE:
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,fr_2649_33933_49147850_1_1_1_1,00.html
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Alberto Rabilotta es periodista argentino.
Alberto Rabilotta es periodista argentino.-
