Notas Obreras
“MOYANO TIENE CONDICIONES Y EL RESPALDO DE LOS COMPAÑEROS PARA SEGUIR AL FRENTE DE LA CGT”. El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA),
La Central de Trabajadores Argentinos afirma que LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO EN RÍO GRANDE ES POSIBLE CON FONDOS ESTATALES.
Por Olmedo Beluche (*)
***************
POBREZA E INDIGENCIA EN SUS NIVELES MÁS BAJOS EN 20 AÑOS EN AMÉRICA LATINA.
Entre 1990 y 2010 la tasa de pobreza en América Latina se redujo 17 puntos porcentuales (de 48,4 % a 31,4 % de la población), mientras que la de indigencia bajó 10,3 puntos (de 22,6 % a 12,3 % de la población), por lo que ambos indicadores se sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 años, informó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe Panorama Social de América Latina 2011 presentado en Santiago, Chile, por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, estima que este año la tasa de pobreza caerá a 30,4 % de la población, mientras que la de indigencia subiría levemente a 12,8 %, debido a que el alza en los precios de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares.
Esto significa que la región cerrará este año con 174 millones de habitantes en situación de pobreza, 73 millones de ellos en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En 2010 se contabilizaron 177 millones de personas pobres, de los cuales 70 millones eran indigentes.
Según la CEPAL, la disminución de la pobreza se explica principalmente por un incremento de los ingresos laborales. Las transferencias públicas monetarias también contribuyeron, pero en menor grado.
"La pobreza y la desigualdad han seguido disminuyendo en la región, lo que es una buena noticia, especialmente en el contexto de crisis económica internacional. Sin embargo, estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la región, y por los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social", alertó Alicia Bárcena.
Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza entre 2009 y 2010: Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia.
Honduras y México fueron los únicos países con incrementos relevantes en sus porcentajes de pobreza (1,7 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente). En el caso de México, la comparación se realizó con la medición de pobreza de 2008, por lo que la cifra no solo refleja la expansión de la economía mexicana en 2010 sino también la fuerte contracción del PIB per cápita en 2009.
El informe también destaca que la tendencia hacia la mejora distributiva en la región no se vio alterada después de la crisis económica. En el período 2008-2010, en México, Venezuela y Uruguay el índice de Gini cayó a un ritmo superior a 2 % anual y en El Salvador y Perú sobre 1 % por año.
Por otra parte, el gasto público, y en especial el gasto social, ha registrado un aumento significativo en las últimas dos décadas en la región, señala el Panorama Social de América Latina 2011.
Entre los países con menor gasto por habitante (menos de 300 dólares) se encuentran Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En este grupo la educación constituye la principal partida de gasto. En cambio en los países con gasto social per cápita superior a los 1.000 dólares, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago y Uruguay, la seguridad y la asistencia social son las áreas de mayor importancia.
Como respuesta a la crisis económica internacional, los países optaron por expandir transitoriamente su gasto público en vez de contraerlo, como era lo tradicional. Aunque dicha expansión no siempre tuvo un énfasis social, igualmente permitió prevenir el aumento del desempleo y de la vulnerabilidad social.
El estudio de la CEPAL también analiza en profundidad las brechas que persisten en el mundo del trabajo y de la protección social en América Latina.
La afiliación a la seguridad social, asociada al empleo formal, no es generalizada en la región: solo 4 de cada 10 trabajadores contribuyen a ella.
Los hogares con mayor cantidad de miembros, con jefatura femenina y de sectores rurales son los que tienen menor acceso a la protección contributiva en la región. Asimismo, en 12 de 17 países analizados las prestaciones de seguridad social y las pensiones benefician a menos de la mitad de las personas mayores.
En el mediano y largo plazo, dice la CEPAL, muchos países deberán volver a reformar sus esquemas de seguridad social para avanzar hacia sistemas de protección social con enfoque de derechos, basados en mecanismos contributivos y no contributivos de financiamiento y con pilares solidarios para la distribución de los recursos.
De lo contrario, habrá progresivas dificultades para financiar una protección social de carácter universal en sociedades cada vez más envejecidas y con menor proporción de fuerza de trabajo.
"Para mejorar sinérgicamente la convergencia productiva, la institucionalidad laboral y la protección social inclusiva en América Latina se requiere avanzar en pactos fiscales y en instancias de diálogo social", remarcó Bárcena.
El informe de la CEPAL también aborda la situación de la fecundidad en América Latina, cuya tasa global ha registrado un acelerado descenso en las últimas cinco décadas, en contraste con la caída moderada de la fecundidad adolescente. Además, por primera vez se presenta un capítulo dedicado a El Caribe, que alerta sobre la alta tasa de desempleo y de incidencia del VIH/sida en la juventud de esta subregión.-
- SINDICATOS BRASILEÑOS DEMANDAN REDUCCIÓN DE TASA BÁSICA DE INTERÉS
. Diversas centrales sindicales brasileñas realizaron ayer una manifestación en Sao Paulo para demandar del Banco Central una reducción de la tasa básica de interés, la llamada Selic.
La concentración de los sindicalistas coincidió con el inicio de la reunión de dos días del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central, cita que se espera concluya con la disminución en 0,5 por ciento de la Selic, para dejarla en 11 por ciento anual, la más alta del mundo.
Sin embargo, los afiliados a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), la Unión General de Trabajadores, Fuerza Sindical, Nueva Central y Confederación General de Trabajadores de Brasil y de diversos movimientos sociales desean una reducción aún mayor de la tasa básica de interés.
Para ello, los manifestantes se concentraron en la Avenida Paulista frente a la sede local del Banco Central. El presidente de la CTB, Wagner Gomes, calificó de fundamental la movilización de la clase trabajadora por la baja de los impuestos en Brasil.
"Si no nos movemos, del otro lado seguro que los representantes del capital financiero presionarán para que el país continúe con impuestos exorbitantes", afirmó y añadió que la reducción de la Selic servirá de estímulo para la creación de nuevos empleos y el aumento de la producción nacional.
Una nueva disminución de los impuestos será una señal de que el Copom está atento a los riesgos que la crisis financiera internacional puede representar para Brasil, sostuvo Gomes.
Si quisiéramos mantener los bajos niveles de desempleo y el país en el camino del desarrollo, tenemos que luchar con firmeza por ese avance, subrayó el presidente de la CTB.
Esta será la última reunión ordinaria del Copom en 2011, en las dos anteriores, decidió bajar en 0,5 por ciento, en cada ocasión, la Selic, luego de cinco alzas consecutivas a inicios de año. Actualmente la tasa está en 11,5 por ciento y los analistas del mercado esperan termine diciembre en 11 por ciento anual.-
QUEREMOS QUE TODO LO QUE SE CONSTRUYA SEA PRODUCTO DEL TRABAJO ARGENTINO”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó la integración regional y el modelo que desde 2003 invirtió en infraestructura económica y social como pilares del crecimiento virtuoso.
En este sentido, al hablar en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción que se realizó en el hotel Sheraton, la presidenta mencionó que el ex presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, había sido invitado al encuentro e hizo votos "por su pronta mejoría".
"Un dirigente del que América del Sur no puede prescindir y que ha sido, junto a Néstor Kirchner los que recrearon la necesidad de integración en la región y que hoy reafirmamos con la presidenta Dilma Rousseff para enfrentar la crisis global", sostuvo Cristina.
En ese sentido, señaló que "ambas compartimos el G-20 y tendremos una reunión bilateral" el próximo viernes.
"Estoy convencida que la integración de la región, esencialmente el Mercosur, la Unasur, especialmente Brasil y la Argentina, son una de las claves para poder seguir con este crecimiento virtuoso", sostuvo.
En ese marco, destacó el "modelo que desde el 2003 ha hecho de la planificación y de la inversión en la infraestructura económica y social uno de sus pilares de crecimiento y uno de sus ejes políticos".
Al respecto, Cristina dijo que "en el año 2010 casi el 6 por ciento del PBI fue inversión pública en infraestructura social y económica, una cifra inédita que explica también el consumo de cemento y generación de puestos de trabajo".
La presidenta señaló que una de las inversiones más seguras que puede tener la sociedad argentina es la de la construcción.
Cristina remarcó la necesidad de asegurar insumos básicos para la construcción para "no depender de la importación. Queremos generar trabajo en la Argentina y no tener que importar ni un clavo".
Más adelante, la Presidenta resaltó que "el tema de la construcción va a ser
un buen lugar para poner los pesos o los dólares, porque eso no lo vuela el tiempo,
ni cambia con la declaración de algún dirigente. Sabemos que los ladrillos siempre
están".
Al remarcar el rol de la construcción, mencionó que en 2003 la UOCRA tenía unos 70 mil afiliados y hoy se acercan al medio millón. "Esto es crecimiento económico", afirmó.
También se refirió a la necesidad de una mayor armonización entre los empresarios y los trabajadores. "Todos tenemos derecho a reclamar, pero tenemos que pensar en los que no tienen trabajo registrado o dependen de una asignación o necesitan ayuda del Estado".
Se refirió además a la "necesidad de abordar el problema de las ART y la doble vía a través de una ley que contemple la necesidad de los trabajadores".
En esa línea dijo que habría que terminar "con la industria del juicio" que impacta negativamente sobre la economía.
Al volver sobre la integración regional, Cristina sostuvo que esperaba en el
caso de Brasil empresas argentinas pudieran ingresar a ese mercado como lo hacen las brasileñas en el país y al respecto señaló la oportunidad del mundial de Fútbol que se jugará en ese país.
Sobre el final de su discurso, la Presidenta insistió en "seguir trabajando fuertemente sobre el mercado interno" para que "los sectores más vulnerables cuenten con medios para consumir, allí estamos apuntando".
Entre las presencias, estuvieron el vicepresidente electo y ministro de Economía, Amado Boudou; el gobernador bonaerense, Daniel Scioli; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; Julio De Vido, ministro de Planificación; el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, entre otros.-
SIN ACCESO A LOS MERCADOS DE CAPITALES LA ARGENTINA CUMPLE RIGUROSAMENTE SUS COMPROMISOS”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a pronunciarse en contra de la nota de las calificadoras de riesgo hacia el país y aseguró que "la Argentina cumple rigurosamente sus compromisos", sin acceso al financiamiento de capital internacional.
Durante la 59 Convención de la Construcción, la Presidenta sostuvo que "sin acceso a los mercados de capitales la Argentina cumple rigurosamente sus compromisos y sin embargo nos califican como economías de la periferia o emergentes, y quienes hoy están al borde de la quiebra tenían calificaciones muchos mejores que nosotros".
En este sentido, dijo que "se ve que los que calificaban no eran muy buenos", consideró.
"Tanta lección y tanto maltrato que hemos recibido", si bien "hemos demostrado que podíamos hacer las cosas", agregó.
"Lo importante-continuó-, es la voluntad, dirigida los intereses de la patria. No es una entelequia, la patria somos todos".
Cristina llamó a alentar las políticas de aumento de la demanda agregada para crecer al menos un 5%: "quisiera más pero creo que un cinco 5% estaría bien dadas las actuales condiciones internacionales", razonó.
En este sentido, subrayó la orientación de la política económica local, apuntando "fuertemente sobre el mercado interno, permitiendo que sectores más vulnerables tengan para consumir. Allí estamos apuntando y allí vamos a seguir apuntando", como así también al área de "infraestructura".
"En nombre de ese país que sufrió frustraciones, enfrentamientos, creo que tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo para poder seguir creciendo", dijo, al tiempo que alentó a todos los presentes a colaborar con la tarea: "sola no puedo", culminó.-
“MOYANO TIENE CONDICIONES Y EL RESPALDO DE LOS COMPAÑEROS PARA SEGUIR AL FRENTE DE LA CGT”. El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA),
Gerardo Martínez, consideró este martes que "Hugo Moyano quiere continuar con su mandato y me parece que tiene las condiciones y el respaldo de los compañeros, para continuar al frente de la CGT".
Martínez precisó que "para julio de 2012 todavía falta tiempo y cuando llegue el momento del Congreso, allí veremos si él se presenta o no, o si hay otras listas u otros candidatos" Acerca de si él iba a ser candidato, Martínez descartó esa posibilidad, al afirmar que "no tengo esa ambición. Mi tarea está circunscripta al área internacional y a la proyección sindical del movimiento obrero argentino a nivel mundial, y me siento muy cómodo realizando esa labor y cuento con el respaldo de todos mis compañeros".
El gremialista formuló estas declaraciones a la prensa, al participar de la 59ª Convención Anual de la Cámara de la Construcción, donde también se refirió a las futuras paritarias. "Las paritarias desde que se comenzaron a aplicar no tienen techo y no tienen por qué tenerlo. Está en la sensatez y en la realidad que se presenta en cada una de las actividades", añadió. "Nosotros responsablemente -dijo-, los trabajadores nos juntamos con los representantes de la cámara empresaria y buscamos acordar de acuerdo con lo que pasa en la actividad de la construcción"
Tras sentirse "muy contento porque tenemos más de 500.000 trabajadores formalizados", Martínez precisó que "estamos recontentos por lo que está sucediendo en Argentina, por la cantidad de inversiones privadas y en la base presupuestaria que está designando el Gobierno nacional para mantener el ritmo de las obras públicas, de infraestructura y de vivienda
La Central de Trabajadores Argentinos afirma LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO EN RÍO GRANDE ES POSIBLE CON FONDOS ESTATALES.
Desde la Central de Trabajadores Argentinos sostienen que la construcción del Puerto en Río Grande es viable con fondos estatales, sean nacionales o provinciales. Se sigue cuestionando una concesión al sector privado por más de cuatro décadas.
El secretario de Organización de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Tierra del Fuego, Paulo Baiz, repudió la metodología que se pretende llevar a cabo desde el Ejecutivo para la construcción del Puerto Caleta la Misión de la Ciudad de Río grande, y expresó: “Estamos a favor del seguimiento de la obra pero rechazamos la privatización por más de 40 años del puerto en manos de un privado. Este proyecto en principio se encuadraba dentro del famoso Fideicomiso, no encontramos un sentido común cuando el Gobierno de la Provincia dice que por el Estado es imposible llevarlo a cabo”, y sostuvo que “sabemos que los tiempos políticos hoy son otros. La provincia y el Gobierno nacional negociaron la rediscución de contratos petroleros, en la que solo se beneficia a las empresas petroleras”.
En este contexto, señaló el dirigente que la deuda de estas empresas petroleras con el Estado es de 90 millones pesos y la nueva contratación “fue por 100 millones de pesos, además se discutió una nueva reforma tarifaria en la que el Ejecutivo de la provincia debió sacar la máximo de estas empresas que hoy se agarran de la Ley 19.640 y en el transcurso de los últimos 3 años dejaron de pagar 300 millones de pesos anuales”.
En tanto, agregó que “no garantizan puestos de trabajos estables ni infraestructura para la provincia. Tenemos como experiencia lo que fue el año 1995 cuando estas empresas ya no generaban el 100% de ganancia y no les importó cuantas familias dejaban en la calle. Exigimos que se investigue a todos los funcionarios que tuvieron injerencia en el puerto Caleta la Misión en el transcurso de los Gobiernos que pasaron, qué se hizo con el dinero que supuestamente fue invertido en este proyecto y la obra no avanzó” y resaltó “estamos a favor de la continuidad del puerto porque sabemos que es lo mejor que le puede pasar a la Ciudad de Río Grande y por lo tanto al mejoramiento económico de la provincia”.
Además, argumentó Baiz, “estamos en puerta de un gran conflicto para principios del año que viene que muy pocos plantean, que es la quita de subsidios, que como iniciativa política compartimos, pero el Estado nacional debe garantizar que las empresas asuman ese costo y no el pueblo fueguino aumentando las tarifas, los diputados y senadores de la provincia de Tierra del Fuego deberían estar forzando esta discusión porque somos una provincia productora de gas, que hasta me animaría a decir que deberíamos tener ese servicio gratuito”, concluyó.-
Una huelga de trascendencia histórica en el Canal
Por Olmedo Beluche (*)
La Huelga en el Canal sigue en su cuarto día
El SUNTRACS acuerda acciones de apoyo a compañeros en Huelga en el Canal
Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 21/01/12.- El lunes 16 de enero de 2012, se declararon en huelga alrededor de 5,000 trabajadores que laboran en la ampliación del Canal de Panamá, que construyen dos nuevas esclusas para barcos postpanamax. La paralización ha sido total, tanto en el sector del Pacífico como en el Atlántico, y sumó a todas las categorías, desde ayudantes hasta capataces. El pliego de peticiones que motiva la huelga se sustenta en una serie de abusos cometidos por el consorcio “Grupo Unidos por el Canal”, encabezado por la transnacional española Sacyr y la principal constructora panameña, del Grupo CUSA, propiedad de la familia del actual administrador del Canal de Panamá, Alemán Zubieta. La huelga, que se ha prolongado por una semana, es tan fuerte y golpea un sector clave de la economía que el Ministerio de Trabajo, tan propatronal y antiobrero en otros conflictos, ha sido cauteloso en sus declaraciones y ha evitado reprimir a los trabajadores.
Los huelguistas han denunciado todo tipo de atropellos, desde despidos injustificados hasta salarios discriminatorios para los panameños en beneficio de empleados extranjeros (españoles e italianos), lo que recuerda la doble escala salarial basada en el origen étnico (“gold roll” y “silver roll”) impuesta por el imperialismo norteamericano en la Zona del Canal, verdadero apartheid racista que existió durante la presencia colonialista norteamericana hasta 1977.
El problema central de las demandas obreras se concentra en una escala salarial decretada por el gobierno panameño para los trabajadores del canal a todas luces obsoleta (Decreto No. 3 del 4 de marzo de 1980), y que se ha quedado rezagada ante la galopante inflación de los últimos años, y los ajustes salariales logrados en los decretos de salario mínimo de 2009 y 2011, y la convención colectiva del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS) con la patronal (CAPAC).
El Decreto 3 fija en un monto máximo de 2.90 dólares la hora de trabajo para la categoría inferior, mientras los trabajadores huelguistas y la dirigencia del SUNTRACS exigen un piso mínimo de 6.00 dólares la hora, y la ministra de trabajo ha propuesto un aumento que no exceda el 5% de la base salarial del referido decreto.
El problema se ha vuelto complejo de resolver porque no sólo es obsoleto el Decreto 3, sino que ese decreto expresa el criterio segregacionista con que la burguesía y los gobiernos panameños han querido manejar lo concerniente al Canal de Panamá desde que revirtió a la soberanía nacional en el año 2,000. Desde la década del 90, poco después de la invasión norteamericana de 1989, el imperialismo yanqui le exigió a la burguesía panameña que, para transferir el canal como establecían los Tratados de 1977, debía establecerse un estatus jurídico especial, segregado de la jurisdicción del resto de la república. Como han denunciado muchos, es como si siguiera existiendo la Zona del Canal, sólo que administrada por “panameños” (la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá – ACP, está compuesta por altos empresarios del sector bancario y de la construcción que cuentan con el aval norteamericano).
Es en estas circunstancias que, en 1994, el conjunto de la burguesía panameña y sus partidos políticos, con el aval del gobierno de Estados Unidos, imponen el Título XIV de la Constitución Política, que da al Canal de Panamá no un régimen de autonomía, sino de verdadera segregación respecto del resto de la nación. Entre otras cosas, el artículo 320 de la Constitución panameña estableció que el presupuesto de la ACP “NO formará parte del Presupuesto General de Estado”, que solamente será controlado a posteriori por la Contraloría y que no podrá ser modificado por la Asamblea Nacional. Es como si se hubiera creado otro Estado dentro del Estado panameño, lo mismo que la anterior Zonal del Canal, con la única diferencia es de que ahora los administran “panameños”.
Siguiendo esa lógica segregacionista, el artículo 322 de la Constitución Política estableció un régimen laboral “especial” para los trabajadores del Canal de Panamá, es decir, un régimen al margen de las leyes nacionales y del Código de Trabajo. Entre otras cosas que incluye ese artículo, está la prohibición de huelgas en el canal, lo cual constituye una violación de la propia Constitución, del derecho internacional y de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. En base a ese artículo se han desarrollado toda una reglamentación interna de la ACP que choca con otros criterios jurídicos del país, entre ellos el Decreto de marras que motiva la huelga a que hacemos referencia.
Decimos que esta huelga tiene una trascendencia histórica porque le ha dado en la torre al esquema segregacionista que la burguesía panameña y el imperialismo yanqui han querido establecer para el Canal panameño y ha puesto al descubierto toda la mar de contradicciones legales y constitucionales que se cobijan bajo el esquema de la ACP.
Las contradicciones expresadas en el Decreto 3, son todavía más absurdas y ridículas ya que, si bien pudiera decirse que el Título Constitucional al que hemos hecho referencia, y las leyes y reglamentos que de él se han derivado, son aplicables a los trabajadores del Canal de Panamá, el hecho es que los trabajadores de la ampliación que laboran para el “Grupo Unidos por el Canal”, no son empleados de la ACP, sino de un consorcio privado que debiera estar regido por el Código de Trabajo y las leyes laborales panameñas, como la de salario mínimo.
Por ello constituyó un doble abuso desde el principio pretender que estos trabajadores estuvieran regidos por el Decreto 3 del 4 de marzo de 1980. Por ello han hecho bien estos obreros en declararse en huelga y exigir su ajuste salarial, tanto con la Convención Colectiva SUNTRACS-CAPAC, como con la ley que regula el salario mínimo en Panamá.
La “tapa del coco” de todos los abusos y canonjías, y que ha trabado las negociaciones para poner fin a la huelga, es que hoy se ha sabido (La Prensa, 21/1/12) de la existencia de una cláusula secreta entre el Grupo Unidos por el Canal y la ACP (cláusula 3.7 del contrato) que obliga al estado panameño a pagar el 100% de cualquier ajuste salarial de los trabajadores que vaya más allá del Decreto 3 de 1980. Esto es el colmo, el Estado panameño, sea por la vía del presupuesto general o de la ACP, tiene que cubrir de sus fondos el aumento salarial para garantizar los beneficios de los empresarios extranjeros y nacionales beneficiados con el negociado de la ampliación del Canal.
Cuando en 2006 empezó el debate sobre la ampliación del Canal de Panamá mediante un nuevo juego de esclusas para barcos postpanamax, quienes nos opusimos argumentamos dos cosas, que ahora se muestran certeras: primero, la obra no es urgente para el comercio mundial ya que el Canal está lejos de su máxima capacidad, por ello implica endeudar al país para beneficio de las navieras internacionales; dos, gastar al menos, 5,2000 millones en esa obra es transferir a beneficio de bancos y constructoras unos ingreso del Canal que debían servir para resolver los problemas sociales acumulados por el pueblo panameño.
La lucha genereacional por la soberanía era para que el pueblo panameño viva mejor, no una pequeña élite empresarial nacional y extranjera. Eso es lo que está pasando, los potentados del Grupo Unidos por el Canal se llevan para sí y para el extranjero las ganancias de la ampliación, mientras quieren pagarle migajas al trabajador panameño. Por eso también ha sido legítima e histórica esta huelga, que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones populares y sindicales de Panamá.
(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido Alternativa Popular (PAP).
.
Obreros paralizan obras de la Ampliación del Canal__,_._,___
