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AGENDA
#38
Sobre
el Manifiesto del Directorio 1955
Jorge
Valls
 Fue
a finales de 1955 y principios del 1956 cuando se redactó y publicó el
manifiesto original del "Directorio Revolucionario". Luego de
redactado y antes de publicarse, fue mostrado al Profesor Rafael García
Bárcena, mucho de cuyo pensamiento, profundamente representativo de los
avatares revolucionarios de 1927 y 30, está en el mismo reflejado.
Comprendía, por supuesto, un llamado a la acción revolucionaria; se
entraba en el análisis de las cinco causas que justificaban y reclamaban
esa acción; se definían las categorías clave de la Revolución Cubana
desde sus avatares independentistas y especialmente desde la decisiva
determinación de la misma en el pensamiento de José Martí expresado en
los textos constitutivos del Partido Revolucionario Cubano, discursos y,
sobre todo, el Manifiesto de Montecristi, y la identificación de esas
categorías en las corrientes de pensamiento determinantes de nuestro
proceso nacional en el siglo XX; se planteaba la necesidad de un método
revolucionario que incluyera la participación y equilibrada defensa de
los distintos intereses particulares dentro del objetivo común del
interés nacional y de su justa ubicación en la correlación hemisférica
y mundial; se planteaba el fin inmediato de Directorio como el esfuerzo
responsable de coordinar todos los esfuerzos revolucionarios de los
distintos grupos, medios y personas en una estrategia común que, en
última instancia, produjera el movimiento insurreccional desde sus bases
en la población hasta los estratos jerárquicos de la cúspide regente, y
se declaraba cómo el fin último no era convertirse en organización
aspirante al poder sino permanecer como vigilante para asegurar el
cumplimiento de lo postulado y el mantenimiento de los principios durante
el proceso de encauzamiento nacional.
El llamado a la acción
revolucionaria enfatizaba, de manera determinante, que la revolución no
podía ser la acción de un caudillo, clase social, partido o grupo
particular de cualquier índole, sino la obra del pueblo, entendiendo por
éste el conjunto de la población nacional, reconocido e identificado en
función de los principios constitutivos de la nación y del orden legal
de la República.
Las cinco causas que se analizaban eran:
1) Política: La
interrupción del proceso legítimo, legal y civil de renovar la autoridad
por expresa y computada consulta pública en respeto al principio
formativo y fundamental de la soberanía del pueblo. El golpe de estado,
la irrupción violenta y el apoyo particular en el equipo armado eran
inadmisibles.
2) El peso más que
desproporcionado de la propiedad de matrícula extranjera en los mayores y
más determinantes sectores de la economía nacional, no sólo impedía el
justo desarrollo de nuestro esfuerzo productor, deformándolo al servicio,
de intereses foráneos y en perjuicio de las generaciones sucedáneas en
el país, sino que de tal manera gravitaba en el ejercicio nacional que
había propiciado más de una vez la violación del orden republicano y
estorbado el ejercicio de nuestra libertad e independencia. Por otra
parte, la condición aún colonial de nuestra estructura económica
reclamaba con urgencia, por su insuficiencia para con las necesidades
nacionales, un replanteo estructural que produjera la diversificación y
dinamización requeridas para resolver, entre otras, el problema endémico
del desempleo interno y la dependencia, exterior e interior, de un sector
prácticamente único y de máximo riesgo.
3) Social: El distanciamiento
de los grupos y estratos poblacionales por razón del prejuicio racial, la
diferencia de clases y los grados de participación en los usos y modos de
la civilización, obraba en contra de la integración nacional en un justo
y común disfrute de derechos y oportunidades, de comunicación y
colaboración, que sustentara un consciente y cabal cumplimiento de los
deberes y responsabilidades colectivos.
4) Sicológica: El grado de
enajenación nacional producido por las insuficiencia estructural
republicana precipitaba a la población, en contra de sus intereses, en
una conducta irracional -el oportunismo casual de los intereses
particulares, la recurrencia al azar o a la magia, etc., con idea de
resolver así problemas que correspondían al orden estructural
colectivo-, la frivolidad y el escapismo que, partiendo de un sentimiento
de inferioridad propia e intrínseca, como de un no creer que fuéramos
capaces de llevar a cabo el esfuerzo dirigido necesario para alcanzar como
hombres el nivel de civilización al que aspirábamos, conducía a la
incubación de los peores vicios y a la corrupción de las costumbres. Era
más práctico dedicarse a la picardía o eludir de cualquier forma el
planteamiento del problema, que afrontarlo.
5) Moral: La lealtad al orden
republicano implica una conciencia ética -determinación y discernimiento
del bien y del mal-, que es fundamento, a su vez, del orden jurídico;
así pues, la violación de aquél implica una connotación moral
negativa, así como el cumplimiento de la convención previamente
establecida conlleva un mérito. Ambas valoraciones tienen que ser
socialmente reconocidos y retribuidos. No es -ni puede ser- igualmente
válido tomar el poder por una consulta pública, dentro de un orden legal
explícito, que apropiarse del mismo por el ardid de un golpe de estado;
ni ejercerlo en cumplimiento de un servicio colectivo, que abusar del
mismo para obtener ventajas particulares. Por lo tanto, la interrupción
violenta del orden civil y el ejercicio de la violencia para imponer un
mando, que por supuesto no tiene autoridad legítima reconocida, es un
delito de lesa patria y tiene, por consecuencia, que ser sancionado. Nada
puede ser peor para una población que la indiferencia moral -cuando sólo
el éxito de la gestión es apreciable-, y precipita en la anarquía, el
delito y la mayor violencia intercompetitiva.
Estas cinco concausas
anteriores, que reclaman e impulsan al esfuerzo heroico, acaso redactadas
en el lenguaje más simple, que las exigencias del momento y la juventud
de los autores permitían, representan, básicamente, los temas de
preocupación de la generación que tuvo que asistir al quebrantamiento
del orden republicano y aceptar la precipitación en la violencia civil
como el único medio que se le había dejado para recuperar la conciencia
nacional y su dignidad sustancial ante la ofensa inferida. De ahí, en
consecuencia, la necesidad de fijar las categorías conceptuales, en medio
del caos que iba a ser la tragedia que se desataba, y de formular un
programa ideal de causas finales que justificara el riesgo integral del
esfuerzo por la recuperación mejor y más apta de la estructura de
convivencia nacional. La aplicación de este esquema en el análisis de la
situación nacional creemos que es permanentemente válida, así como el
trabajo de programación final. Cualquiera de estos aspectos que fuere
ignorado o descuidado, conducirá a más enajenantes violentamientos de
nuestro curso nacional.
La fijación de las
categorías conceptuales básicas y formales del la Revolución Cubana,
concebida ésta como el proceso transgeneracional de proyectar e
instrumentar con plena y libérrima responsabilidad nuestro destino
nacional, está directamente tomada del definitorio pensamiento martiano
en el paso determinante de la gestión independentista y de su
formulación universal de la República. Son estas categorías
conceptuales los parámetros-integrales e inseparables de la formación
republicana y del proceso de su edificación estructural, válidos
igualmente para la persona individual -la de cada quien- y para la
nacional colectiva: el estado. Se definen como LIBERTAD POLÍTICA
(DEMOCRACIA), INDEPENDENCIA ECONÓMICA (NACIONALISMO) y JUSTICIA
SOCIAL (SOCIALISMO).
La LIBERTAD POLÍTICA
es, tanto para la totalidad del país como para cada una de las personas
individuales de su sociedad, el derecho a debatir, decidir y determinar,
sin coacciones ni prejuicios, por el ejercicio de la recta razón y de la
voluntad plenamente responsabilizada, la orientación, fines concretos,
objetivos y procedimientos de nuestra conducta individual y colectiva.
Esta categoría se reconoce, en el desarrollo del pensamiento y la acción
políticos de nuestro tiempo, como DEMOCRACIA: -la participación de la
persona individual, libre, protegida, considerada y eficiente, en la
decisión del orden y conducta colectivos. Justifica la transformación
del derecho político de modo que la elección del gobernante
representativo pueda realizarse lo más directa y sencillamente por la
comunidad que lo ha de escoger.
La INDEPENDENCIA
ECONÓMICA es la disponibilidad de medios materiales y funcionales
propios y suficientes para proveer a la satisfacción de nuestras
necesidades biológicas y de civilización y a la realización de nuestras
posibilidades y proyectos. Sólo mediante el aseguramiento de una base
material, organizada justa-y eficazmente, en función del crecimiento y
multiplicación naturales de nuestra población, libre de toda dependencia
a poder económico superior y ajeno -cosa ésta que necesariamente
gravitaba deformativamente sobre nuestro desarrollo, presionaba hasta la
emasculación nuestro ejercicio político colectivo e individual y
desconcertaba nuestra integración comunitaria- puede lograrse una nación
soberana e independiente, autóctona y autónoma, que verdaderamente pueda
participar en el ordenamiento mundial y aportar eficazmente al desarrollo
integral de la civilización. Es sólo en el desarrollo protegido e
independiente de la comunidad nacional y de la persona de cada quien, que
puede ejercerse responsablemente la libertad en la determinación de la
conducta y en la producción trascendental de una cultura. Esto no es -ni
puede ser- el resultado casual de un proceso particular y aleatorio de
forcejeo y competencia de todos contra todos, que conduciría al caos; ni
tampoco el esquema de aplicación vertical, unifactorialmente impuesto
desde un centro de autoridad omnideterminante, que conduciría, por la
insistencia reiterativa en el patrón delimitado, a la aniquilación de
las fuerzas sociales cuya dialéctica produce la renovación constante en
la que se fundamenta la continuidad y el progreso comunitario en función
de las variaciones temporales. Sobre este concepto ideal de la
independencia económica de la nación y de la persona individual, como
clave de un desarrollo que pueda coordinarse en una sistemática
universal, se sitúa todo el esfuerzo de la gestión económica, tan
desajustada en nuestro tiempo. Esto, por supuesto, es una responsabilidad
colectiva, que tiene que ser enfrentada por la comunidad legalmente
constituida sobre la base de la más amplia libertad y democracia,
calculable de modo que el deber de todos pueda verse, directa y diáfana
mente, en función de la necesidad y posibilidad de todos y cada cual.
Frente a la agresión deformante de los centros económicos más
victoriosos en la competencia mundial, esta posición pudo reconocerse en
el siglo XX, ^especialmente en Nuestra América, como NACIONALISMO; lo que
no implica el predominio del particular más agresivo sobre los más
débiles, sino, por el contrario, la recuperación de los recursos propios
y la capacidad de organizar los trabajos según las propias necesidades y
proyecciones de los pueblos menos victoriosos en una competencia cada vez
más desigual. Aspira a superar el desdichado horizonte de
metrópoli/colonia, superdesarrollado/subdesarrollado, centro/periferia,
decididor/subordinado, por la construcción sistemática de un ámbito
común de desarrollo, internamente equilibrado y ordenado para la mayor
justicia universal.
La JUSTICIA SOCIAL:
significa el necesario equilibrio, regido desde un eje único del orden
social, entre las distintas partes constitutivas y participantes en el
esfuerzo nacional de modo que las diferencias proporcionales puedan ser,
si no suprimidas, al menos equilibradas al máximo. Así, la persona
individual y aún los grupos particulares, constituidos en la noción de
ciudadanía, puedan equipararse, en la función nacional y ante ella, en
igualdad de respetabilidad, de posibilidades y de responsabilidades.
Nadie, por lo que es accidentalmente, puede ser ni más ni menos que
persona humana, reconocida legalmente como ciudadano o aún como mero
participante en la sociedad nacional. No sólo es absolutamente
proscribible cualquier prejuicio o discriminación, sino que son
necesarios el reconocimiento y la constitución legal de los se
identifican en problemática y responsabilidad particulares, tanto para la
defensa de sus intereses como para la viabilización de sus proyectos.
Como esto implica el reconocimiento de diversas aptitudes, intereses,
puntos de vista y aspiraciones dentro del conglomerado nacional, hay una
responsabilidad, por parte del orden colectivo y de la autoridad por él
constituida, de dirimir las diferencias y establecer el equilibrio
equitativo entre las partes para el mejor funcionamiento del todo integral
nacional. Esto, en las corrientes ideológicas del siglo XX, se reconoció
como SOCIALISMO: la medida en que la persona individual podía obtener
protección y beneficios por la organización del orden colectivo. El
valor fundamental que por esta aplicación específica de la justicia se
pretende alcanzar es la mutua identificación de todos y cada uno de los
miembros del cuerpo social y la solidaridad en la defensa y promoción
comunitarias.
De tal manera están
imbricados estos tres parámetros o dimensiones constitutivas que la falta
de uno de ellos bastaría para impedir el desarrollo de los demás. Así
pues, ninguno puede ser sacrificado sin desconcertar catastróficamente la
República.
Si aplicamos este parametraje
a la sociedad cubana en el momento de la constitución de Directorio 1955,
nos encontramos con que la liquidación definitiva y universal del
prejuicio y la discriminación racial, y la incorporación del campesinado
-entonces atrozmente marginado y preterido-, y de otros sectores de los
grupos más humildes y desprotegidos, a la vida plena del derecho y al
disfrute del los instrumentos clave de la civilización, eran de vital e
impostergable urgencia.
No se perciben desde este
manifiesto ni la derogación de los principios básicos sobre los que se
había ido conformando la República desde su proyección ideal en el
siglo XIX hasta en sus dramáticas convulsiones revolucionarias en el XX,
ni la impugnación del orden esencial y proyecto defendido en 1933,
instituido legalmente en 1940 y cuyo ejercicio intentárase especialmente
de 1944 a 1952, -y que desdichadamente fuera violentado a partir del golpe
de estado de 1952-. Sí se infiere inmediatamente la necesidad de
profundizar, perfeccionar y ampliar tanto en el proyecto estructural como
en la concreta realización programática. Se destacan vigorosamente el
rechazo del gobierno militar de facto, de origen reconocidamente espurio,
y mantenido por la violencia represiva; la exaltación de un régimen
civil respetable y respetuoso en función del ejercicio libre de la
persona humana; la confianza en la responsabilidad moral individual y
colectiva, y la búsqueda de una mayor justicia social que nos acercara y
nos comunicara más a los ciudadanos los unos con los otros, sin
diferencias lesivas a la dignidad de cada quien.
No se concibe, ni
remotamente, la noción, siquiera sugerida, de una "dictadura
revolucionaria"; por el contrario, se está consciente de que una
dictadura no puede ser sino la negación de la revolución y el
hundimiento del país en la violencia o la abyección colectivas; ni
tampoco el enfrentamiento masivo de clases o cuerpos sociales, sino la
necesidad de la unidad nacional frente al equipo particular y exiguamente
minoritario que por un golpe de mano se ha adueñado del poder, del cual
hay que expulsarlo para recuperar el equilibrio propio y el ritmo justo
del desarrollo nacional.
Esto se expresa de manera
certera cuando declara que no aspira a ser un grupo más que compita con
los otros que hacen revolución, ni a convertirse en factor de poder
gubernativo en el futuro, sino que ha de permanecer como vigilante para
asegurar -desde la perspectiva exenta- la fidelidad a los principios de la
República, sobre los que se han justificado el movimiento y la búsqueda
y coordinación de un programa que mejor encauce hacia los objetivos
nacionales. En esto el Directorio 1955 es directamente fiel a la
tradición establecida por el Partido Revolucionario Cubano, fundado por
Martí para el desatamiento y orientación de la última guerra
independentista, que había de dejar de existir y ceder paso a la majestad
de la República cuando ésta se constituyera con plenitud de soberanía y
participación popular, y por los directorios de 1927 y 1930, que
consideraron la dictadura como una provísionalidad indeseable, de la cual
había que salir, y el poder revolucionario inmediatamente establecido
-gobierno revolucionario de 1933-34- como brevísima transitoriedad para
producir los cambios elementales imprescindibles para encauzar el orden
legal de la República en una continuidad suficiente. Tanto en la manigua
independentista como en la promoción de los años 30, lo revolucionario
se concibe como la incurrencia necesaria para poder reencauzar y
consolidar cuanto antes el orden democrático y civil de la República.
Finalmente, para ser más
consecuentes aún con los fundamentos proclamados, el manifiesto se firma
con un nombre colectivo: "El Directorio Revolucionario", pues
habiendo sido la exaltación de caudillos casuales y de camarillas
oportunistas el modo de identificar ocasionalmente los males republicanos
y la causa de la desorientación nacional, se busca que la adhesión no
sea a persona o grupo alguno, sino a los principios proclamados. Se está
planteando la aceptación de una dogmática conceptual, fundamento
justificador y orientador de la conducta, y premisa primera, de la que
ha-de . derivar la construcción legal del futuro. Así, adherirse al
directorio no es un compromiso casual entre un individuo y otro que se
proclama como jefe, sino el reconocimiento de unos principios básicos en
los que han de identificarse y colaborar para la realización de una obra
colectiva. No es un grupo de mandantes, ni un partido a discutirse el
poder, ni siquiera un nombre personal que pueda implicar la búsqueda de
la gloria o de la simpatía particular; es una pléyade o constelación
doctrinal para encauzar y definir un proceso inevitablemente perturbador
por el que ha de atravesar el país para reencontrarse finalmente en la
dueñez plena de sí, como colectividad y como la persona ciudadana de
cada cual.
Como en los documentos
protojurídicos expresivos de los radicales partos históricos, el
manifiesto del Directorio 1955 identifica, orienta y nutre al hombre que
se impulsa en un proyecto trascendental. Así, escrito para un momento,
este texto tiene validez en tanto en cuanto pueda ser reformulable y
aplicable a la condición tempoespacial específica de un país. Si
intentó justificar la acción generacional de un instante, acaso osó
expresar la vocación trascendental de un pueblo a través del drama de su
momento. Servirá para reencontramos en las causas de nuestros malestares
y en la proposición inmarcesible de nuestra esperanza.
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Del Partido del Trabajo
de Mexico
Hacia
un Nuevo Socialismo
1. Introducción
La reanudación de la discusión política
en la izquierda latinoamericana sobre el socialismo, no puede ser más
oportuna. Tras diez años de escepticismo y pragmatismo que siguieron al
derrumbe de la Unión Soviética y el socialismo estatista, resulta
estimulante que los partidos de izquierda de América Latina vuelvan a
colocar la cuestión del socialismo en su agenda de discusión.
No todo lo que surgió de esta crisis
ideológica fue, sin embargo, negativo. Un aspecto positivo de esta
época, fue la participación electoral de la izquierda en los procesos de
democratización de los sistemas políticos de la región, a partir de
experiencias amplias de centro-izquierda de lucha contra el capitalismo
salvaje impuesto por el neoliberalismo.
Como resultado de ello, se pudo superar el
aislacionismo vanguardista, vincularse mucho mas ampliamente a las masas
populares, obtener posiciones institucionales en gobiernos, cuerpos
parlamentarios y municipios y contener el impulso triunfal inicial del
neoliberalismo. Esto ha llevado a la izquierda latinoamericana, a la
posibilidad de participar directamente en la reorientación del rumbo
político y económico-social de nuestros países, como consecuencia
natural del agotamiento del neoliberalismo y el descontento popular
generalizado contra sus políticas excluyentes.
Pero los logros prácticos del presente,
no pueden sustituir la crisis de la idea socialista, ni la falta de
orientaciones estratégicas que ello implica para la acción de nuestros
partidos. ¿Debemos conformarnos con esa situación? ¿Debemos aceptar la
idea de que el capitalismo es el único camino posible para la humanidad
como tantos nos dicen, y de que no existe otra posibilidad que reformas
democráticas y sociales limitadas dentro del mismo? ¿Debemos por el
contrario, como algunos menos quieren, volver a fijar nuestra mirada en el
socialismo estatista y autoritario del pasado? ¿O debemos definir una
nueva senda que conjugue lo mejor de las tradiciones, el rechazo a los
caminos equivocados que condujeron a la catástrofe y la modernización de
los viejos ideales para adaptarlos a las nuevas condiciones del mundo y
las sociedades?
Esta discusión es crucial para nuestros
partidos, porque implica cuestiones históricas, ideológicas y éticas
que hacen a la naturaleza misma de la izquierda como fuerza transformadora
de la realidad social. ¿Qué queremos? ¿Hacia donde vamos? ¿Basta con
la derrota política del neoliberalismo, menores niveles de exclusión de
las grandes mayorías populares o una mayor sustentabilidad ambiental y
social del desarrollo económico?
Tales preguntas resultan cruciales sobre
todo en la hora presente, cuando la historia, la acción de los pueblos y
nuestras propias luchas han colocado a los partidos populares ante los
umbrales del poder en nuestros propios países, con la consecuente
necesidad de proponer e implementar reformas inmediatas de legislación y
gobierno (Cuestión que nos plantea, por cierto, problemas muy difíciles
que en gran parte no hemos podido todavía resolver). ¿Cómo pasar de la
resistencia y la denuncia a la construcción de algo nuevo, sin saber
exactamente que es lo que estamos construyendo?
2. El Partido del Trabajo de México y su visión de la redefinición
del socialismo.
A pesar de no contar todavía con una
redefinición consensada de sus objetivos histórico, el Partido del
Trabajo de México es una organización socialista por origen y
preocupaciones ideológicas de dirigentes, cuadros y militantes. Aunque
probablemente menos afectadas que las organizaciones de origen leninista y
estalinista por el derrumbe de la Unión Soviética y la crisis mundial
del socialismo estatista, el PTM no ha dejado de sufrir los impactos de la
revolución informática, el triunfo del capitalismo en la Guerra Fría,
el advenimiento del neoliberalismo, la globalización y la entrada de
México en el Tratado de Libre Comercio, la reorientación económica de
China o Vietnam, la difusión mundial de la democracia representativa, la
crisis ambiental o las modificaciones sociales y culturales en la
composición del movimiento popular.
Como a los demás partidos participantes
en este evento, tales impactos no han destruido el ideal socialista del
partido, ni lo han hecho renegar de sus mejores tradiciones de autonomía
popular y lucha social. Pero sí le han dejado enormes enseñanzas y
planteado nuevos problemas y retos de naturaleza similar (aunque no
necesariamente igual) a los presentados al resto de la izquierda
latinoamericana.
Haciendo un esfuerzo por comenzar a
sistematizar tales enseñanzas y retos, la delegación del Partido del
Trabajo de México considera que la redefinición que estamos buscando
debe partir de tres pilares fundamentales: a) La reafirmación del ideal
socialista, como búsqueda de una sociedad libre de toda explotación y
opresión social, étnica o de género, a partir de la solidaridad de los
seres humanos y los pueblos; b) El rechazo a las bases autoritarias,
burocráticas y estatistas del denominado "Socialismo Real" que
predominó en la Unión Soviética y otros países del Campo Socialista; y
c) La necesidad de actualizar los principios y lineamientos políticos de
nuestros partidos y movimientos, para adecuarlos a las nuevas condiciones
históricas impuestas por la revolución informática, la globalización
del mundo, la crisis ambiental mundial, la complejización y
pluralización de las sociedades y la extensión mundial de las
aspiraciones democráticas y de respecto a los derechos humanos de todos
los pueblos, sexos y grupos humanos.
A partir de estas bases, la delegación
del Partido del Trabajo de México esboza un conjunto de propuestas para
la discusión colectiva, que implican tanto aspectos referidos a la
redefinición de principios y puntos programáticos como a estrategias
políticas de lucha por el socialismo.
3. Por un nuevo socialismo democrático y pluralista, basado en la
autorganización y participación popular.
A) Relación entre socialismo y
democracia.
La democracia debe dejar de ser considerada como un mero objetivo
instrumental para acceder al poder político, como creyera el socialismo
autoritario, para pasar a ser vista como un principio fundamental de la
organización política, el desarrollo social y la convivencia humana de
las sociedades contemporáneas. El abandono de esta idea, como lo
demostró la experiencia histórica, condujo a la desnaturalización del
socialismo y abrió las puertas a la aparición de nuevas formas de
explotación y opresión burocráticas sobre los trabajadores y el pueblo.
La diferencia fundamental entre la
democracia socialista y la democracia representativa "formal",
no se encuentra en la incompatilidad entre ambas como se creyó
erróneamente, sino la limitación de las formas tradicionales de la
segunda para contener las expresiones más amplias de la democracia
popular y social. De lo que se trata, por lo tanto, no es de suprimir la
democracia representativa, sino de ampliarla suficientemente para
incorporar a formas avanzadas de descentralización y delegación de
poder, a partir del desarrollo de instancias locales de poder popular
directo a distintos niveles de la organización social y política.
B) Relación entre el socialismo y la
propiedad y gestión de los medios de producción.
Otra de las enseñanzas fundamentales de la desnaturalización y el
fracaso del socialismo estatista, es que la estatización de los medios de
producción y cambio no implica en absoluto su socialización, sino su
apropiación clasista por funcionarios privilegiados colocados por encima
de los trabajadores y el pueblo. Para que estos puedan acceder
eficientemente al control de los medios de producción y planeación
democrática, no basta con la democratización política aún en sus
formas avanzadas, ya que nada puede substituir al aprendizaje popular
directo de los mecanismos de funcionamiento y control de la empresa y el
aparato productivo.
Para que los trabajadores y distintos
sectores del pueblos puedan acceder al control de los medios de
producción, se requiere de la gestación en la base de la sociedad de
procesos como la conformación de un nuevo sindicalismo orientado a la
producción, de un amplio movimiento cooperativo y de creación de
empresas sociales, de redes de pequeñas y micro empresas, de la
proliferación de organizaciones de consumidores o de la vinculación de
la universidad, los centros de investigación u organizaciones de
técnicos y profesionales a la empresa productiva. Asimismo, a nivel de
instancias gubernamentales, del desarrollo de una nueva cultura honesta y
no burocrática de ejercicio del poder público, asociada a la
participación y el control popular.
C) Toma del poder, dictadura
revolucionaria y construcción de hegemonía socialista.
Una tercera idea a desterrar asociada a las criticadas anteriormente, es
la de la toma violenta del poder para establecer una dictadura
revolucionaria que haga posible la construcción del socialismo. Se trata
de una idea incompatible con la de la lucha por la democracia y su
ampliación a todos los ámbitos de la vida política y social, que supone
que el socialismo es algo que se construye desde arriba (por el Estado) y
en relativamente poco tiempo.
En contraposición a esa idea errónea y
vanguardista, el nuevo socialismo debe partir de la idea diferente de
construcción en el largo plazo de un nuevo tipo de hegemonía socialista,
en el sentido de liderazgo social, político y cultural de la izquierda
socialista sobre la mayoría del pueblo. Tal hegemonía es algo por ganar
dentro de la democracia, a partir del desarrollo de la lucha por la
ampliación de la misma y por la obtención de reformas y logros sociales
y culturales que hagan crecer la capacidad de organización y gestión de
los diferentes sectores explotados y oprimidos del pueblo.
D) Globalización, cooperación
internacional y reforma democrática del orden mundial
El advenimiento de la globalización ha planteado nuevos problemas que
deben ser contemplados necesariamente por el socialismo del siglo XXI. La
extensión mundial de las redes de comunicaciones, de la empresa
trasnacional, de las migraciones de trabajadores y de los mercados
financieros, han modificado la relación entre los estados nacionales y el
conjunto del mundo y redimensionado la importancia de la cooperación
internacional para resolver los nuevos problemas.
En las condiciones de triunfo del
neoliberalismo, ello ha tenido las gravísimas consecuencias sociales que
todos conocemos. Pero la globalización es un fenómeno mas profundo que
el actual predominio del neoliberalismo, en la medida en que se nutre en
los alcances de la revolución informática y la interdependencia
económica y cultural mundial. Ello hace que la lucha contra el
neoliberalismo y por el socialismo, debe asignar una importancia muy
grande a la cooperación de los pueblos, los partidos políticos y los
movimientos sociales. Junto al desarrollo y la profundización de las
luchas nacionales para ampliar la democracia e impulsar reformas sociales
incluyentes, la globalización nos impone la necesidad de democratizar el
orden mundial y regular internacionalmente los flujos especulativos de
capitales y el poder de las empresas trasnacionales. O sea, de dar pasos
hacia una nueva concepción mundial no hegemónica del socialismo.
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