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AGENDA
#41
Propuesta
de una agenda para lograr un consenso que nos permita la reconciliación
del pueblo cubano
En Caracas, Venezuela 5 de agosto de 1995,
el Partido Social-Revolucionario Democrático de Cuba propuso un proyecto
de agenda para el transito constitucional que hoy aún esta vigente.
Nuevamente invitamos a proponer, discutir, persuadir y lograr la agenda en
busca del consenso y la reconciliación nacional.
Síntesis de la propuesta
1.
- El gobierno proclamará su condición de transitoridad que concluirá
con la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente.
2.
- Se dictará una amnistía política general; y designará una comisión
de juristas, con la mayor representación posible, al efecto de
identificar las causas de carácter político y las correspondientes a la
delincuencia común.
3.
- Se abolirá la pena de muerte.
4.
- Se declarará nulas todas las regulaciones legales o administrativas que
permitan funciones o actividades partidistas en las fuerzas militares y
policíacas.
5.
- Decretar la autonomía de la judicatura y el ministerio fiscal.
6.
- Garantizar el ejercicio de los derechos individuales y sociales, siempre
y cuando éstos no sean utilizados al objeto de impedir o alterar el
proceso de transito constitucional, o para la incitación o la apología
del delito.
7.
- Suspender toda las actividades partidistas y de los organismos de masa
hasta que la Asamblea Constituyente o la comisión por la misma asignada,
establezcan las normas que regulen las actividades de dichas
instituciones.
8.-
El gobierno de transito designará las comisiones más representativas que
las circunstancias permitan al objeto de elaborar y proponer los
decretos-leyes que establezcan y regulen la autonomía y condición
no-partidistas de las universidades, sindicatos, asociaciones campesinas y
otras organizaciones adecuadamente representativas en la base social y
establecerá su participación en el proceso de tránsito constitucional.
9.
- Declarar nulas todas las normas legales o administrativas que exijan
autorización o los ciudadanos cubanos no sujetos a proceso o sentencia
judicial a salir o entrar en el país a través de los puertos marítimos
o aéreos habilitados al efecto para viajes internacionales.
10.
- Designar una Comisión de Juristas al efecto de redactar proyectos de
Código de Defensa Social, normas de procedimiento y enjuiciamiento
judiciales y las regulaciones orgánicas de la judicatura.
11.
- Convocatoria a elecciones no partidistas a las organizaciones en la base
social: municipios, sindicatos, organizaciones campesinas, universidades y
otras organizaciones no partidistas.
12.
- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en que los delegados
a elegir sean propuesto por las bases sociales o por un grupo a determinar
de ciudadanos cubanos residente en el territorio nacional o no. La
elección de los delegados han de ser proporcionalmente al numero de
electores.
13,
- Proclamados los candidatos electos, se constituirá la Asamblea y se
proclamará su soberanía.
Por supuesto que ésta es una mera
sucesión de sugerencias que sometemos a todos los cubanos, comprendiendo
que en el momento de su aplicación práctica deberán reformularse de
acuerdo a las condiciones imperantes. No obstante es un temario sobre el
cual podemos trabajar al objeto de lograr el mayor consenso posible, y por
ello invitamos a todos los cubanos a reflexionar sobre el temario, hacer
sus recomendaciones y señalar otros aspectos de la realidad cubana que
debemos considerar.
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Fundamentos
para un proyecto económico
Los social revolucionarios, en busca del mayor consenso y grado de
conciliación nacional que posible fuere, hemos puesto a consideración de
los sectores del país -gobierno y no gobierno- algunas consideraciones
sobre las bases en que debe fundamentarse un proyectos económico que
pueda lograr el mayor consenso posible entre los que patria quieren para
la realización de una sociedad soberana en el ejercicio de la acción por
el logro de la libertad y establecer las condiciones necesarias para la
plena realización de la persona.
Comprendemos que toda tesis económica realista ha de fundamentarse en
la población -capacidad cultural, técnica y compromiso con el proyecto-,
pero además en las estructuras y recursos activos o potenciales
disponibles.
El imperativo categórico de Kant nos exige que obremos de modo que
nunca tratemos a la humanidad, tanto en la persona propia como en la de
los demás, simplemente como un medio, sino también como un fin.
Considera al ser humano con un ente autónomo, dotado de razón y
libertad, capaz de determinarse y perfeccionarse a si mismo, Descartes
afirmaba que este "libre arbitrio" constituye la calidad humana,
o de la "persona", tal como fue definida por los pensadores
grecolatinos.
Enmarcados en estas corrientes de pensamiento conformadoras de la
cultura occidental, encontramos el origen de la moral y del derecho,
elementos en los cuales el hombre apoya su capacidad de ser libre y de
proteger su libertad. La persona podrá realmente gozar de libertad, si
conjuntamente ejerce tanto los derechos políticos establecidos por la
revolución burguesa del Siglo XVIII, y los sociales y económicos
demandados por pensadores socialistas, los doctores de la Iglesia y las
trascendentales encíclicas papales emitidas en los siglos XIX y XX. Toda
institucionalidad jurídica ha de considerar a la persona como un fin en
si misma, capaz de perfeccionarse, de ser libre y de proteger su libertad.
La sociedad ha de establecer los métodos de administración,
producción y comercialización de los bienes escasos, al fin de lograr
satisfacer lo más posible las necesidades de las personas. Es a ella,
constituida políticamente, a quien corresponde, conforme a su
ordenamiento jurídico y mediante sus órganos de gobierno, determinar el
empleo de los recursos, siempre limitados pero susceptibles de producir
bienes o servicios, y el modo en que los mismos han de ser utilizados.
Es axiomático que el poder económico genera poder político. Cuando
este se encuentra en derecho domínico o de usufructo, en posesión de un
gobierno centralizado, se genera totalitarismo, y cuando se encuentra bajo
el control de los intereses privados que obstruccionan el crecimiento
económico integral, genera capitalismo y dependencia.
Dadas las condiciones de la economía actual a nivel internacional, en
un país de las proporciones del nuestro -recursos y población- es
imprescindible reconocerle al estado, mediante sus órganos e
instituciones, la potestad de instrumentar la política económica,
responsabilizándolo con el patrimonio nacional sin admitir ninguna otra
consideración previa, a no ser la obligación de garantizar la
estabilidad social y de crear las condiciones que permitan el ejercicio de
los derechos sociales de la población.
La estructura económica que la Tesis Económica Social Revolucionaria
propone, considera que generará el dinamismo necesario para crear el
marco de libertad empresarial posible, condicionada por la planificación
que fuere necesaria para lograr el crecimiento económico.
Las empresa estatales -de dirección bien gubernamental, bien social- ha
de responder a razones de estrategia económica. La mayoría de ellas
estarán dirigidas por organismos constituidos con la más amplia
participación posible de las bases sociales. En general, en cuanto a las
actividades económicas, los social revolucionarios nos planteamos una
economía social sustentada en la más amplia pluralidad de estructuras de
producción y servicios, que por su propia naturaleza genera creciente
dinamismo e iniciativa creadora.
La economía social presupone un estado social de derecho, en el cual
coadyuvan la libertad, la autodeterminación, la seguridad social y la
estabilidad política, todas ellas generando condiciones idóneas para el
crecimiento económico.
La persona es un ser social por naturaleza, y, libre ya de los temores
que genera la sociedad capitalista, es capaz de aceptar reglas que tengan
importancia para el bienestar de la sociedad. Por ello se requiere un
ámbito de normas éticas y jurídicas y de instituciones que permitan
coordinar, o al menos mitigar, los conflictos mediante un consenso,
fundamentar la estabilidad social y disminuir la alienación hasta un
nivel que no resulte gravoso ni capaz de producir frustración o
confrontación social.
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Consideraciones
previas al proyecto económico para Cuba
Es cierto que en Cuba, en los últimos siete años, ha habido una
transformación de la política económica del país después de más de
tres décadas de inercia y mimetismo; pero estos cambios no responden a un
proyecto integral. Solamente se ha tratado, de forma timorata,
conservadora e influida por directrices capitalista, de resolver una
crisis económica motivada por la dependencia al bloque dirigido por la
Unión Soviética y como reacción a su desplome, sin tratar de comprender
la naturaleza de la misma.
Los cambios realizados por el actual gobierno al no responder a
proyecto integral alguno, resultan incoherentes y matizados por las
prácticas capitalistas incrementando la alineación, frustración social
y las corrientes contrarrevolucionarias. Incapaz de prever el desplome de
la Unión Soviética y el acercamiento de la República Rusa a los Estados
Unidos, las consecuencias de los vínculos creados para responder a los
intereses comunes de ambos estados han sido las causas fundamentales del
llamado "periodo especial".
Considerando la situación de "periodo especial" consecuencia
de la imprevisión, valorando la inconfiabilidad que ofrece el estado
cubano en el presente para proyectos de largo y mediano plazo, fuerza a
los social-revolucionarios cubanos, por necesidad, a instrumentar un
proyecto de reestructuración económica y social. No redunda en beneficio
del pueblo cubano no exigir responsabilidades por la actual crisis, la
política económica y administrativa y las circunstancias históricas que
la crearon. Muchos menos pretender presentar como eximente la agresión
económica y política del llamado " bloqueo" de los Estados
Unidos, que ha sufrido Cuba por más de cuatro décadas en violación del
orden jurídico internacional -hoy en aparente colapso definitivo en
consecuencia de la conducta del estado norte-americano.
No es del caso ni desviar la responsabilidad decisiva aduciendo una
causalidad en nuestras condiciones geopolíticas, ni objetar sobre la
fuerte integración de Cuba con el CAME, que resulto imperativo de la
guerra fría donde Cuba tomó partido incondicionalmente, ni decir que la
confrontación económica y política con los gobiernos de los Estados
Unidos nos obligó a caer en la dependencia del CAME, ni justificar esta
dependencia porque nos permitió recibir una asistencia importante para la
inversión en la asistencia social, la educación y la infraestructura
económica. Esto no es importante para enfrentar el presente y debatir
sobre el grado de responsabilidad o de visión de esta política. Lo
cierto es que nada permite pensar que vayamos a recibir alguna ayuda
sustancial extranjera para superar el "periodo especial" que
sufrimos, sino que quizás no la hemos de recibir ni en mediano plazo
siquiera. Sólo podemos depender de nuestros recursos humanos y de nuestra
capacidad económica.
No pretendemos especular sobre la asistencia económica a nivel de
organismos financieros internacionales o estatales que pueda recibir el
pueblo de Cuba para superar la actual crisis -lo cual dudamos
responsablemente- ni cuantificar previamente la posible solidaridad
internacional de los pueblos, por que no existen medios para hacerlo.
Hemos de partir del presente para construir el futuro.
Quizás es posible definir esta tesis como la labor colectiva de un
grupo de personas preocupadas por concretar un plan de trabajo, a fin de
construir la base económica que nos permita realizar el ideal de la
Revolución Cubana avizorado, entre otros, por José Martí, Félix
Várela, Antonio Guiteras y Manolo Fernández. Consideramos antes de
comenzar a formular proyectos y trabajar para su realización hemos de
enfrentarnos en forma decidida a una pregunta, y luego darle respuesta.
¿Es viable la Revolución Cubana, o hemos de constituirnos en una
sociedad prescindible, que solamente pueda sobrevivir por de la remesa, la
maquila y el turismo?
Si nos decidimos a ser el pueblo capaz de realizar los valores de su
propia Revolución, nos encontramos ante la necesidad de una
reorganización económica en la que se introduzcan cambios significativos
en la estructuras básicas del sistema de producción y distribución
actual, sin enajenar nuestro compromiso histórico.
En nuestro Manifiesto Programa y documentos complementarios, hemos
reiterado que "la sociedad no está al servicio de la economía;
antes la economía esta al servicio de la sociedad y de la realización
plena de la persona". En consecuencia, aquella ha de estar
socialmente planificada y sustentada en una conciencia solidaria.
Afirmamos que nos proponemos "desestatizar la sociedad y socializar
al estado".
Resulta imprescindible para proponer los cambios significativos que
hemos de analizar, consideraremos muy seriamente los errores cometidos en
Cuba en estas cuatro últimas décadas, así como de las frustrantes
experiencias de Hungría con el llamado Nuevo Mecanismo Económico (NE) en
1968, y las reformas iniciadas en la República Popular China en los
últimos 20 años. Nuestro país tiene características difícilmente
reproducibles fuera de su espacio tiempo histórico, y debe considerarse
el éxito relativo de algunas medidas económicas del actual gobierno.
Analizando cuidadosamente las experiencias en las repúblicas que
integraron la Unión Soviética y los países antaño vinculados a la
misma, estas experiencias nos han mostrado lo que no puede hacerse.
No se trata de iniciar reformas económicas parciales para satisfacer
necesidades inmediatas o aminorar tensiones. Esas tendrían siempre un
carácter incompleto, generarían una conducta inconsistente un temor
político, y no crearían la coherencia interna que se requiere para que
el pueblo asuma la regencia de su destino. Formulemos un proyecto
evolutivo completo a fin de una "estructura pluriempresarial" en
una economía social, que nos permita sin violencia superar el régimen
totalitario y crear las condiciones que impidan su retorno.
Mas ha de orientarse el proceso ha el reencauzamiento sin grandes
convulsiones o tensiones sociales, haciendo que la actividad de
funcionarios y políticos actuales consista en ser auxiliares para la
realización del proyecto, y sea su participación evidentemente parcial y
coyuntural. Ha de responsabilizarse con la realización del programa, en
forma autónoma e independiente, a las bases sociales, las cuales estarán
en condiciones de desarrollar un dinamismo constructivo y creador que en
breve término supere el "periodo especial" que sufre hoy el
pueblo de Cuba.
Los factores del mercado frecuentemente son "falsos y
engañosos", "desviaciones sociales" o "concesiones a
sectores dominantes", pero es necesario comprenderlos, considerarlos
y dirigirlos a los fines mismos de elevar el nivel de vida de la sociedad.
En modo alguno se pretende decir con esto que se renuncie a ejercer los
métodos idóneos para corregir las desviaciones o desbordes que en
aquellos se producen con frecuencia.
Todos los sistemas socioeconómicos han operado -y operarán- en
condiciones de relativa escasez, ya que un bien solo toma carácter
económico ante esa condición. Es decir, todo régimen socioeconómico se
produce en el contexto de los conflictos ocurridos en cuanto a la
asignación de recursos. El socialismo no elimina el "problema
económico" de la sociedad, sino que ofrece una forma especifica,
distinta del capitalismo para enfrentarlo.
Una visión socialista de la economía siempre tendrá reservas en
relación con el mercado, pero no se le debe subestimar ni ha de
concedérsele un papel menor que el que se derive de las condiciones
concretas y del sentido común. La posibilidad de una sociedad no
mercantilista no se avizora, por el momento, en un futuro inmediato.
El aumento del Producto Nacional Bruto no es lo mismo que el
"crecimiento económico"; lo es cuando aquel promueve un mayor
bienestar social. El aumento del PNB, sin real "crecimiento
económico" conlleva una frustración y una inestabilidad social a
corto y mediano plazo, y produce un efecto de inseguridad que conduce
probablemente a la recesión económica.
La economía socialmente considerada consiste en asegurar las
condiciones que permitan una previsión del futuro desde la
responsabilidad propia de cada persona, así como la adaptación a
circunstancias cambiantes por la competencia, o en crear las tales
posibilidades donde aún no existan. Esto exige para su sustentación un
marco jurídico definido en que la posibilidad social ha de estar sujeta
al principio de racionalidad económica, es decir: que debe haber una
relación eficiente entre el objetivo y las medidas empleadas para
realizarlo. Esta orientación "busca establecer un equilibrio
razonable entre los ideales de justicia y libertad y el crecimiento
económico. Para la conquista de la libertad no basta el ejercicio de los
derechos sociales y económicos, pero sin ellos no es posible lograrla.
Las decisiones políticas imprescindibles para garantizar el ejercicio de
los derechos sociales y económicos han de conformar la
institucionalización del equilibrio social mediante un consenso
generalizado, al efecto de contribuir al financiamiento de una
redistribución económica. Esta, a su vez , exige una activa
participación de las instituciones de la base social para neutralizar el
partidismo y el burocratismo. Un amplio consenso de la sociedad
establecerá un orden legal respetado por los factores naturales del
poder; esto es: por los grupos sociales organizados.
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