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AGENDA
#47
Comunidades
Zapatistas
¿UNA ETAPA SUPERIOR DE LA AUTONOMÍA?
Héctor Díaz-Polanco *
Revista Convergencia Socialista No 18
México DF, septiembre-octubre 2003
En la Treceava estela (quinta y sexta
partes), el Subcomandante Marcos dio cuenta de un conjunto de cambios que
se operarían en las comunidades zapatistas de Chiapas, todos ellos
relacionados con la práctica de la autonomía. En particular, anunció el
nacimiento de los Caracoles como sedes de las nuevas Juntas de Buen
Gobierno (JBG), llamadas así para establecer de inmediato un contraste
con el "mal gobierno" de los niveles del actual régimen
federal.
El vocero del EZLN no duda en calificar
estos cambios como "una etapa superior de organización", que
entraña el nacimiento de una nueva "forma" de autogobierno. No
es que el autogobierno de las comunidades sea una invención zapatista;
pero sin duda con el zapatismo se inicia una época que supone cambios
importantes. Para empezar, según la narración del Sub, lo que sólo
funcionaba "a nivel de cada comunidad" pasó "de lo local a
lo regional". El detonador fue la presencia del EZLN, aunque éste
imprimió su carácter político-militar a toda la estructura, ya que
"el mando tomaba la decisión final". Las cosas experimentan
otro giro con la aparición de los municipios autónomos en rebeldía,
puesto que el autogobierno "no sólo pasa de lo local a lo
regional", sino que además se desanuda de la influencia de la
estructura militar zapatista, al menos en términos relativos. [1]
Pero, a la postre, en la organización de
la autonomía a la escala municipal se acumularon problemas de estructura
y funcionamiento que era necesario encarar. No se busca ahora dejar de
lado a los municipios autónomos, sino enmarcarlos en una nueva esfera de
coordinación autonómica que permita, al mismo tiempo, resolver los
problemas detectados y avanzar hacia la consolidación de los
autogobiernos. De hecho, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas
(MARZ) mantienen sus "funciones exclusivas" en las materias de
impartición de justicia, salud, educación, vivienda, tierra, trabajo,
alimentación, comercio, información y cultura, tránsito local. Pero
junto a éstas aparecen otras competencias que son propias de las JBG.
Caracoles y Juntas de Buen Gobierno
Los comunicados de julio anuncian la creación de sendas JBG en las cinco
regiones rebeldes reconocidas por el EZLN, que se echaron a andar el 9 de
agosto. Sus sedes serán los Caracoles. Cada junta estará integrada por
delegados (uno o dos) de los respectivos Consejos de los MARZ. Aunque los
miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena no participan en
las juntas (de hecho, como se verá, en tanto tales lo tienen prohibido),
como estructura política "vigilará" su funcionamiento para,
dice el Sub, "evitar actos de corrupción, intolerancia,
arbitrariedades, injusticia" y otras posibles desviaciones.
La sexta parte de la Treceava estela no
sólo informa de los nombres propios de las JBG, asentadas en cada uno de
los nuevos Caracoles (a saber, Selva Fronteriza, Tzots Choj, Selva
Tzeltal, Zona Norte de Chiapas y Altos de Chiapas). Sobre todo es un
ejercicio de cartografía autonómica, esto es, de delimitación
territorial de cinco regiones autónomas. Esa determinación territorial,
a su vez, en la medida en que va acompañada de un conjunto de
competencias de los gobiernos regionales, demarca jurisdicciones propias
de las respectivas juntas. ¿Qué criterio se utilizaron para definir
estas regiones? Todavía es pronto para emitir un juicio seguro; pero todo
indica que se tomaron en cuenta: 1) La unidad histórica que nace de
prácticas comunes o las relaciones que han consolidado (o están en
trance de consolidar) una nueva entidad sociocultural y territorial; 2)
consideraciones para reestructurar y equilibrar el peso de los municipios
y pueblos en las regiones (la relación San Andrés Larráinzar-Oventic
puede ser un ejemplo) a favor de un reacomodo territorial. Desconocemos el
influjo que pudieron tener los criterios políticos-militares en esta
nueva organización.
Aparte de las atribuciones generales de
las JBG -tales como contrarrestar en lo posible el desequilibrio en el
desarrollo de los municipios, mediar en los conflictos entre municipios
zapatistas y no zapatistas, atender las denuncias, protestas e
inconformidades que genere el ejercicio de la autonomía, vigilar la
realización de proyectos y tareas comunitarias en los MARZ, etcétera-,
las competencias explícitamente reconocidas a este órgano de
autogobierno son importantes y fuertes y, por ello, le atribuyen
fundamentales poderes a escala de la región. Mencionemos las principales:
1) Por lo que respecta a los donativos y apoyos procedentes del exterior,
la JBG correspondiente "decidirá, después de evaluar la situación
de las comunidades, adónde es más necesario" que tales recursos se
dirijan. 2) La JBG impondrá a todos los proyectos que se realicen en los
municipios un "impuesto hermano" que monta el diez por ciento de
los mismos. 3) Las juntas tienen la facultad de reconocer como zapatistas
"a las personas, comunidades, cooperativas y sociedades de
producción y comercialización", para lo cual éstas deberán
registrarse en una de aquéllas. 4) "Los excedentes o bonificaciones
por la comercialización de productos de cooperativas y sociedades
zapatistas se entregarán a las Juntas de Buen Gobierno", para que
éstas a su vez hagan las reasignaciones a las comunidades menos
favorecidas. [2] En suma, las juntas podrán acordar el destino de los
recursos que provengan de diversas fuentes externas (vitales en el momento
actual y al parecer por un buen tiempo), expedir los certificados
zapatistas de reconocimiento y, finalmente, formar un fondo para
redistribución con los impuestos y los excedentes. Así, pues, si las
cosas funcionan como se han planeado, las juntas tendrán un papel muy
relevante en el sistema autonómico zapatista. La práctica mostrará si
esto será para bien o para mal. Pero, en términos gruesos, no me cabe
duda de que el camino ensayado es la ruta correcta, si de afianzar y
enriquecer la vida autonómica de los pueblos se trata.
La escala regional
Con la instauración de las JBG se afirma la tendencia zapatista a
coordinar las autonomías a escala regional. Esto puede contribuir a
superar un debate, a menudo cáustico y amargo, que durante años ha
dividido las filas intelectuales cercanas al zapatismo. Se puede decir
que, en rigor, esta era una falsa discusión, cuyas motivaciones se
encontraban más en disputas por posiciones de poder dentro del zapatismo
que en el propósito de entender la dinámica del proceso autonómico en
México. La disyuntiva entre la autonomía comunal y la autonomía
regional fue siempre artificiosa. Se llegó a decir que la única y
verdadera escala de la autonomía era la de la comunidad; y esto se dijo a
nombre del zapatismo, no obstante que éste impulsaba, desde muy temprano,
autonomías municipales cómo y dónde podía. Incluso se intentaron
argumentaciones para dar sustento teórico a la idea de que la escala
regional de la autonomía era ajena a la perspectiva y las aspiraciones de
los pueblos indígenas, incluyendo a los zapatistas. Con la llegada de los
Caracoles podemos esperar que se despeje el panorama. Esto es, que se
acepte lo principal: los pueblos deben construir sus autonomías a todos
los niveles y escalas; y las escalas supracomunales son, en definitiva,
una condición de posibilidad de las autonomías comunitarias.
Sin duda, las JBG derivan de necesidades
específicas de los pueblos indios de Chiapas. Como lo ha explicado el
Sub, pese a ciertos logros notables, el desenvolvimiento de los municipios
autónomos estaba generando también deformaciones y distorsiones. Las JBG
procurarán resolverlas y, yendo más allá, provocar un salto adelante en
el ejercicio de la autonomía. Pero hay razón para suponer que
necesidades similares (aunque no iguales, pues no hay dos regiones
idénticas) harán imprescindibles que pueblos de otras zonas del país, a
su turno, se vean obligados a plantearse la coordinación regional de sus
autonomías. La trascendencia de las JBG, en tanto organización regional,
radica en que trasciende o puede trascender la particular realidad
chiapaneca. El indicio de que esto puede ser así es el respaldo que ha
recibido la iniciativa zapatista por parte de organizaciones indígenas de
la más variada procedencia. Es claro que estas organizaciones no ven en
la innovación de las JBG algo a copiar, pero sí la expresión de
lineamientos y principios esenciales con los que se identifican. El
principal de todos, me parece, es que las autonomías no pueden concebirse
como un archipiélago de pequeñas entidades, aisladas unas de otras, y
cada una enfrentada por sí sola al enorme poder del sistema
homogeneizador y expoliador de los pueblos que tiene su encarnación más
reciente en el neoliberalismo. Se requiere articular los esfuerzos y
conjugar las acciones hacia la construcción de identidades cada vez más
abarcadoras -no otra cosa implica el proyecto de
"reconstitución" de los pueblos indios reiterado por las
organizaciones- y hacia formas de autogobierno que las sustenten. Las
autonomías locales (que las formulaciones regionales no niegan, sino que
incluyen expresamente) requieren crear su propio entorno favorable. Y esa
es la función esencial de la escala regional de la autonomía: coordinar
y acorazar el poder local en construcción.
Vista de esta manera, la autonomía
regional es un horizonte fundamental para los pueblos indios. Así parecen
entenderlo los zapatistas y otras organizaciones. En la "Declaración
final" del foro realizado en San Cristóbal de las Casas, los días
14 a 16 de agosto pasado, en el que participaron 75 organizaciones
(indígenas y no indígenas) de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y
Chiapas, éstas reconocen sin ningún titubeo el carácter regional de las
JBG: "Saludamos y reconocemos -dicen- la iniciativa zapatista de
creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno establecidas en
las distintas regiones autónomas porque dan un nuevo impulso a la
construcción de los procesos autonómicos". [3]
El nuevo contexto permitiría también
desechar el siguiente argumento, repetido hasta el cansancio: que la
autonomía de la comunidad nacería de abajo, mientras la regional sólo
podría venir de arriba (por ser algo ajeno a los pueblos, de diseño
burocrático, externo, impuesto). Se confundía así el proceso de
construcción autonómica -que no puede realizarse si no desde abajo (por
igual en la comunidad, el municipio o la región), en la entraña de los
propios pueblos-, con el reconocimiento jurídico que da sustento legal a
dicho proceso. La confusión quizás derivaba de que los
"regionalistas" insistían en que el reconocimiento de la
autonomía debía incluir un gran "menú" que permitiera a los
pueblos dotarse de autonomía en los niveles acordes con sus aspiraciones
y necesidades identitarias, incluyendo el municipal y el regional. Esto
era una respuesta al intento del gobierno federal (especialmente durante
el zedillismo) de reducir al máximo, hasta la nada si era posible, el
alcance de la autonomía. Pero el reconocimiento de la autonomía, en
cualquier escala, no supone que ésta deba construirse "desde
arriba"; de hecho, ni el reconocimiento mismo, si es tal, es una
concesión desde arriba, pues siempre es una conquista de los sujetos que
luchan por la autonomía. La experiencia, incluyendo la mexicana, enseña
que los de arriba nunca reconocen derechos de autonomía si no media la
presión y la fuerza de los de abajo. El reconocimiento, tampoco,
construye vida autónoma alguna. Su propósito es convenir que las tareas
emprendidas por los pueblos para edificar sus autogobiernos y conducir sus
propios asuntos, son parte del proyecto de toda la sociedad nacional: que
la autonomía se asume como un valor compartido y una meta democrática
que merece el apoyo de todas las instituciones que la propia sociedad se
ha dado. La autonomía regional que comienzan a construir los zapatistas
en los Caracoles se realiza a contrapelo del marco legal, debido a que las
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión en abril
de 2001 no permiten, en realidad, ningún ejercicio autonómico en su
estrecho marco. [4] Volveremos sobre este punto. Pero no es eso lo que
explica que los zapatistas comiencen a construirlas "desde
abajo", pues si la autonomía hubiese sido reconocida ya en nuestra
carta magna, de igual manera tendría que tejerse desde allí, con la
acción de los propios pueblos. De otro modo, no sería una verdadera
experiencia autonómica. ¿Qué implica entonces el reconocimiento? Que
los pueblos de que se trata no tengan que pasar por el vía crucis de
avanzar a contracorriente de la ley, enfrentados a las instituciones, a
los aparatos represivos y sin disponer de los apoyos públicos de todo
tipo a que tienen derecho. Ni más, pero tampoco menos.
Legalidad y legitimidad
Lo anterior nos lleva al punto de la legalidad de los Caracoles y las JBG.
¿Éstos entran o no en conflicto con las bases legales del país? La
inclinación de partidarios y adversarios, por motivos distintos, ha sido
proclamar que no hay contradicción. Los móviles que inspiran a los
simpatizantes seguramente son honrados, pero eso no convierte su visión
en acertada. No debe perderse de vista que tanto las JBG como de los
municipios autónomos son autonomías de hecho. De otro modo, habría que
aceptar que la legalidad actual, fruto de la malhadada reforma de abril de
2001, es suficiente y nada habría que reclamar. Pero sí hay algo que
reclamar a los tres poderes públicos: que cada uno en su ámbito de
responsabilidad ha dado la espalda al reconocimiento de los derechos de
autonomía de los pueblos (el ejecutivo con su doble discurso, el
legislativo con su funesta reforma y el judicial respaldando el desaseo
del proceso).
Por lo que hace a la posición
gubernamental, naturalmente, las motivaciones son distintas. En realidad,
con la afirmación de que no hay conflicto, sólo se busca evadir el
asunto político de fondo y hacer como que no pasa nada. En esa línea hay
que colocar las declaraciones del Secretario de Gobernación, Santiago
Creel, quien equiparó la iniciativa zapatista con las decisiones internas
que toma un grupo privado para organizar sus actividades (parecido a las
juntas que podrían acordar, por ejemplo, los miembros de un club
Rotario). A mí me resulta claro que el ejercicio zapatista es un asunto
público, y creo que el funcionario no lo ignora. Por ningún motivo las
autoridades deben recurrir a la represión, pero deberían asumir que hay
un desencuentro entre la legalidad y el derecho legítimo de los pueblos.
La posición oficial deriva tan solo del cálculo de que, al menos por el
momento, las JBG no implican una desafío al poder y a los intereses que
éste resguarda. Se trata de no agitar las aguas (dadas las aspiraciones
políticas en juego) o de evitar conflictos que, en las actuales
circunstancias, ni el gobierno local ni el federal podrían afrontar con
buenos resultados a su favor. Se trata también de ningunear, de ignorar o
restar importancia al nuevo camino zapatista, lo que previó el Sub cuando
-una vez terminado el anuncio de las JBG- escribió: "El gobierno
federal y su 'comisionado' ya saben qué es lo que tienen que hacer como
que no existe". [5] Es preocupante este coyuntural enfoque del
gobierno. Pues, ¿qué es previsible que ocurra cuando la correlación de
fuerza sea otra o cuando el ejercicio autonómico en su nueva etapa
eventualmente colisione con las relaciones e intereses que el poder
preserva? Entonces seguramente el discurso cambiará y, con violencia, se
alegará la ilegalidad de dichas autonomías. Conviene, pues, insistir
desde ahora en que si las autonomías que impulsan los pueblos no se
ajustan a la legalidad establecida es porque se ha negado un derecho
fundamental, incluso negando acuerdos mínimos, y ello justifica la
resistencia indígena.
En el mejor de los casos es ingenuo, y en
el peor inútil o torpe, insistir en que el Convenio 169 o los Acuerdos de
San Andrés dan bases legales suficientes a los Caracoles y las JBG o,
para el caso, a los propios municipios autónomos. En relación con el
Convenio -independientemente de si este es, por sí mismo, sustento
adecuado- se ignoran las jerarquías jurídicas asentadas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación: la constitución general tiene prioridad,
y precisamente ésta fue reformada con la intención de no incluir los
principios de aquél. Por lo que respecta a los Acuerdos de San Andrés,
¿si éstos fueran ya parte de la ley suprema, por qué reclamaríamos que
el congreso los apruebe, honrando lo pactado en 1996? Hay que insistir en
la "reforma de la reforma", sin abandonar la resistencia y el
impulso de las autonomías. Otra cosa es subrayar la legitimidad de estas
prácticas autonómicas, que sin duda les viene en primer lugar de los
Acuerdos de San Andrés. Las organizaciones indígenas y ONG reunidas a
mediados de agosto en Chiapas tienen claridad sobre este punto:
"Reconocemos los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT
como bases legitimas que dan sustento a los ejercicios de
autonomía". [6]
La innovación zapatista
Los Caracoles y sus JBG, asimismo, arrojan luz sobre un punto crucial: la
autonomía no es conservatismo a ultranza, apego estricto a una tradición
que no puede ser perturbada ni por las brisas de la selva; un inmovilismo
obstinado que se niega a incorporar nuevas instituciones, formas de
organización social novedosas, principios de sociabilidad que, en su
despliegue, suponen cambios sustanciales en los llamados "usos y
costumbres", etcétera. Es verdad: con la autonomía se busca ser
fiel a una identidad, a unas normas que dan sentido y profundidad a la
vida, pero es también innovación que busca enriquecer y dar continuidad
a esa vida en circunstancias cambiantes. Incluso, es una clase de
innovación que implica verdaderos desafíos para los cánones de la
cultura "nacional" establecida. Como han sido planteados, los
Caracoles y las JBG son una síntesis de tales innovaciones: nuevo órgano
de autogobierno, nuevas funciones, atribuciones y competencias de las
autoridades propias, propuestas de cambios en las relaciones sociales y
políticas al interior de los pueblos... La idea de una autonomía
centrada sólo en unos principios "comunales" inmutables, que no
plantean nuevas articulaciones con la sociedad global en que los núcleos
indígenas están insertos, que no busca ampliar la escala o el alcance
del autogobierno y la vida en común, etcétera, no sólo empobrece el
proyecto indígena, sino que condena a la misma autonomía a ser inviable,
a ser una "utopía arbitraria" (como alguna vez la llamó
Gramsci).
En igual dirección, me parece que la
iniciativa que nos ocupa procura renovar el sentido y el ejercicio mismo
del poder. Aclara otro debate, que puede sintetizarse en esta pregunta:
¿El zapatismo rechaza todo ejercicio del poder, se pone de lado e incluso
condena la búsqueda de un nuevo poder? O en esta otra: ¿El zapatismo
ignora la cuestión política -central por todos los motivos- de la
construcción de un nuevo poder, o se propone, para usar una fórmula ya
polémica, "cambiar el mundo sin tomar el poder"? Es claro que
ni para el zapatismo ni para la mayoría de la actual izquierda existe una
relación mecánica entre toma del poder y transformación del mundo; y
tampoco se acepta ya la vieja idea de que la toma de poder es una acción
audaz, un golpe de fuerza eficaz y oportuno. El poder es algo demasiado
complejo, su campo de acción y penetración demasiado extenso y profundo,
como para que pueda "tomarse" de esa manera. Más aún, he
sugerido que el poder quizás no puede "tomarse", sino sólo
cambiarse; y que, en contraste, es el mundo el que puede ser tomado por la
acción de los pueblos, justo para cambiar el poder por otra cosa. [7]
Cuando en la Treceava estela (quinta
parte) se aclara que "puesto que el EZLN, por sus principios, no
lucha por la toma del poder, ninguno de los mandos militares o miembros
del Comité Clandestino Revolucionario Indígena puede ocupar cargo de
autoridad en la comunidad o en los municipios autónomos"; y que
aquellos que "deciden participar en los gobiernos autónomos deben
renunciar definitivamente a su cargo organizativo dentro del EZLN",
el punto del poder se aclara considerablemente. Lo que esto significa es
que el EZLN no lucha por la toma del poder. Pero ese principio no parece
extenderse a la idea de que no está interesado ni preocupado por la
construcción de un poder popular que, por supuesto, debe ser distinto del
que conocemos; ni tampoco que desapruebe los esfuerzos en ese sentido. No
dice, por ejemplo, que los que decidan participar en la construcción de
los gobiernos autónomos son, por ello, indignos y condenables; tan sólo
que, en un ejercicio de congruencia, deben renunciar a sus cargos dentro
del EZLN. La cuestión es tan sencilla y tan profunda como esto.
"Tal vez sí..."
Al final de la estela decimotercera, el Sub medita: quizá en los
Caracoles, en medio de la bulla y el ajetreo de sus constructores, se
está levantando "un mundo nuevo". Cabe la duda: "Tal vez
no... pero tal vez sí...", concluye. La cuestión queda abierta. El
nuevo orden autonómico es una promesa que no puede escapar a la
incertidumbre, aunque sólo sea por el hecho de que su cabal realización
depende de muchos factores, y no todos están sólo en manos de los
zapatistas chiapanecos y menos aún de los zapatistas del EZLN, ni
incumben solamente a éstos. No habrá futuro para las autonomías en
México sin un gran movimiento cultural, moral y político que sume a lo
mejor de las fuerzas regionales y los sectores populares en el mismo
proyecto pluralista. Es por eso que la autonomía no puede atrincherarse
en espacios reducidos ni limitarse al mundo indígena. Lo más urgente es
tejer alianzas y hacer política con todos los que están persuadidos de
que otro mundo es posible. Sí, es el camino el que debe ir despejando las
filas, y no una visión previa de la pureza, cualquiera que esta sea. El
propósito inmediato es acumular fuerzas, y esa acumulación no puede
hacerse si no con otros, en una escala ascendente de alianzas y acciones
comunes contra los poderes y relaciones que a todos nos oprimen, nos
subordinan, nos explotan o nos excluyen.
Y una preguntita final: ¿Las JBG no
están rebasando ya el marco de los propios Acuerdos de San Andrés,
incluyendo la versión COCOPA de los mismos? La respuesta a esta pregunta
debía preocupar a nuestra clase política tan obsecuente con los mandatos
del capital transnacional y tan díscola cuando se trata de reconocer
derechos a los pueblos. Puede repetirse la experiencia del salinato,
moroso hasta la insolencia para reglamentar el 4º Constitucional
reformado, entonces pedido por muchas organizaciones indígenas, y luego
imposibilitado de hacerlo una vez que se produjo la explosión
autonomista, hacia 1995, en las filas indígenas. O sea, que el grupo
salinista cuando pudo no quiso, y cuando quiso no pudo. Los que ahora
manejan la cosa pública deberían verse en ese espejo.
* El autor es
profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS). Obras recientes: Indigenous
peoples in Latin America. The quest for self-determination (Westview
Press, Colorado/Oxford, 1997), La rebelión zapatista y la autonomía
(Siglo XXI Editores, México, 1998) y México diverso (Siglo XXI
Editores, México, 2002), ésta en coautoría con Consuelo Sánchez.
Notas
[1] Subcomandante Insurgentes Marcos, Chiapas: la treceava estela
(quinta parte): una historia, julio de 2003.
[2] Subcomandante Insurgentes Marcos, Chiapas: la treceava estela
(sexta parte): un buen gobierno, julio de 2003.
[3] Ver Foro sobre autonomía, Declaración final, San Cristóbal
de las Casas, ms, 16 de agosto de 2003. Cursivas nuestras.
[4] Cf. H. Díaz-Polanco, "La autonomía indígena y la
reforma constitucional en México", en Observatorio Social en
América Latina, año II, n° 4, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), Buenos Aires, junio, 2001, pp. 15-22. También, H.
Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México diverso. El debate por la
autonomía, Siglo XXI Editores, México, 2002, p 150 y ss.
[5] Chiapas: la treceava estela (sexta parte): un buen gobierno,
doc. cit.
[6] Foro sobre autonomía, doc. cit.
[7] H. Díaz-Polanco, "La izquierda hoy: desafíos y
perspectivas", en Memoria, núm. 166, CEMOS, México, diciembre,
2002, p. 11.
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Producto
Interno Bruto y Crecimiento Económico
Dos
términos intencionalmente confundidos
Sebastián
Ainzúa Auerbach
Economista Fundación Terram
Los gobiernos de la Concertación se han terminado comprando la teoría
del chorreo, pero el crecimiento por sí solo no redunda en mayor
bienestar ni en menor pobreza.
ME PROPONGO INDAGAR en el oscuro, extraño e incomprensible mundo del
crecimiento económico. Mucha gente habla sobre este concepto y de los
grandes beneficios tendría para nuestro país, pues permitiría reducir
el desempleo y la pobreza, y acostumbran a terminar su discurso con la
afirmación de que el crecimiento aumentará el "bienestar" de
la población.
Pero, ¿a qué se refieren cuando hablan de crecimiento
económico?,¿qué mide esta variable?, ¿qué factores determinan su
evolución?, ¿qué efectos tiene sobre la población común y corriente?,
¿de qué manera la trayectoria del crecimiento incide sobre nuestro
bienestar?
Son tantas preguntas y tan difusas las respuestas que parece difícil
que personas que no están interiorizados en el tema -que son la mayoría-
logren comprender los indescifrables análisis que, por buscar impresionar
al público, terminan enredándolo todo.
Entremos entonces en este mundo pantanoso
y sobrio, pero que, para bien o para mal, tenemos que conocer.
El crecimiento económico se refiere, principalmente, a la variación
del Producto Interno Bruto (PIB) de un periodo determinado - trimestre,
semestre o año- en relación a otro periodo anterior (en general, la
comparación se realiza entre periodos iguales, para eliminar los efectos
propios de las variación naturales de la economía dentro de un año).
Así, por ejemplo, no conviene comparar el trimestre julio-septiembre con
el trimestre abril-junio, sino que es preferible hacerlo en relación al
trimestre julio-septiembre del año anterior. El PIB es el valor de todos
los productos o servicios que se producen durante un periodo determinado.
Ahora bien, el crecimiento del PIB -o resumidamente el crecimiento-
establece la variación que ha registrado la producción de bienes y
servicios durante un periodo determinado.
Este cúmulo de definiciones y términos son sólo para demostrar que,
como se podrá haber dado cuenta, el PIB o el crecimiento no está
asociado directamente a pobreza, empleo o bienestar, ya que el hecho de
que crezca el PIB sólo es sinónimo de aumento en la producción, nada
más.
Por ejemplo, Chile ha tenido un crecimiento del PIB durante casi toda
la década, salvo en 1999; sin embargo, el desempleo aumentó
considerablemente desde 1997. Este ejemplo un poco extremista e incompleto
demuestra que es fácil hablar de crecimiento, pero las conexiones
económicas son mucho más complejas que decir que el crecimiento
económico provoca aumento del empleo.
¿Qué efectos tiene el crecimiento del PIB sobre la población? Es muy
difícil de especificar, pero el análisis general asocia que el aumento
de la producción repercute en un aumento en la demanda de trabajo, lo que
hace disminuir el desempleo. Ahora bien, esta relación que parece tan
lógica y maravillosa, depende de otros aspectos, como la capacidad ociosa
de las empresas, la acumulación de inventarios o el nivel de
capitalización de la economía. Si las empresas están subutilizando su
capacidad, un aumento en la producción sólo las lleva a utilizar de
manera más eficiente los recursos que poseen y no necesariamente a
aumentar la producción. Por lo tanto, nuevamente es necesario hacer un
análisis más profundo de la situación y no podemos decir que el aumento
de la producción provoca en forma inmediata o automática aumentos en el
nivel de empleo.
Un caso más: el sector de la minería del cobre ha aumentado en más
de un 160% su producción desde 1990 hasta el año pasado; sin embargo, el
empleo del sector ha disminuido en más de 30% durante el mismo periodo.
Pero el problema de utilizar el PIB como sinónimo de crecimiento es
que no se trata de una medida general de riqueza. Es decir, puede aumentar
la producción de un sector económico, por ejemplo de la industria
forestal, lo que provoca crecimiento del PIB, pero en ningún caso produce
un beneficio generalizado para el país. Además, en este ejemplo preciso
existe una alta concentración de la industria en dos empresas y además
el sector genera poco empleo, por lo que los beneficios posibles son aún
menores.
Ahora bien. El argumento más extraño de estas supuestas relaciones es
que el aumento del PIB permite reducir la pobreza. Existe una escuela de
pensamiento económico -que es la que domina la ideología económica
mundial- que supone que el crecimiento económico provoca, mediante el
fenómeno del "chorreo" económico, que los beneficios lleguen a
toda la sociedad.
Sin embargo, esta perspectiva no toma en consideración la
concentración de la economía en pequeños grupos de personas y empresas.
No considera la existencia de empresas transnacionales que se llevan los
beneficios de la producción, ni tampoco que existen sectores económicos
que crecen como islas de desarrollo, sin empujar al crecimiento de otros
sectores.
Esta concentración hace que,
básicamente, las ganancias del crecimiento se queden en pequeños grupos.
Los Estados no han logrado comprender que aun cuando un país crezca a
tasas de 10% o 15%, los beneficios no llegarán a toda la población si es
que prevalece una excesiva concentración de la riqueza. Esta realidad
además hace que las economías se estanquen o termina inhibiendo el
propio crecimiento del producto.
Es más, recientemente un estudio del Banco Mundial ha señalado que
los países de América Latina no podrán seguir creciendo si no corrigen
la mala distribución de la riqueza.
Es decir, los conflictos sociales y el descontento no entienden de
análisis macroeconómicos, tal como los estómagos hambrientos no piden
crecimiento, sino alimento.
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El
PSRDC: Reiterando posiciones
Somos
Cubanos, social revolucionarios, que por haber estado siempre comprometido
con el destino de nuestra patria -parte siempre en función de la patria
mayor Iberoamérica- no podemos concebirnos sino en el oficio concreto de
salvar y construir, con nuestras gente y en nuestro territorio. Por
generaciones ya, hemos asumido, de pasión y acción, el esfuerzo
renovador y transformador en términos de libertad y justicia que desde
los albores del siglo XIX y a través de los avatares independentistas y
de reivindicación social, hemos llamado la "Revolución
Cubana". Nos sabemos en el mismo curso con Carlos M. de Céspedes
(1968) o José Martí (1895), de Antonio Guiteras (1933), José A.
Echeverría (1957) o Manolo Fernández (1998). Pero fuertes
incomprensiones y peores violencias contra la que creemos imprescindible
función de la persona, nos han arrojado a la guerra, la prisión o el
destierro, para salvar la mínima chispa de la dignidad del hombre, sin la
cual toda esperanza muere.
Riesgos de la violencia
Así, creemos que, si bien durante ya casi cuatro décadas el
esfuerzo gubernativo realizado en nuestro país sobrepasa mucho de lo
precedente, la falta de libertad civil y de un estado de legitimidad y
derechos, y la desconfianza entre los componentes de nuestra sociedad -ya
poderosos ya indefensos-, han enajenado de tal modo la vida que el
rendimiento del esfuerzo ha sido mínimo, la desesperación máxima y el
riesgo de la desintegración y alienación de la comunidad cada vez más
grave,
No hay cauce claro y seguro por donde
proseguir, las contradicciones se hacen cada vez más agudas, y en las
condiciones geopolíticas de la región en el presente, el riesgo de la
confrontación de fuerzas opuestas, sin solución medial, augura el caos.
El Caribe, predio de todos los problemas
en su dimensión más aguda, si la isla mayor, única que por sus recursos
puede intentar con éxito el proyecto de independencia, desapareciere como
estado nacional y fuere absorbido por una estructura foránea, o se
precipitaré en la fragmentación y desconstrucción de si misma, el
principio de desintegración cundirá por toda la región, la confusión y
pugna de factores se desarrollará y será aprovechada por fuerzas, si
bien hoy ya condenadas a inexorable decadencia, por ello mismo obligadas a
actuar con mortal tendencia contra el crecimiento integral iberoamericano,
llamado a sustituirlas. La isla, quiera que no, ha de cumplir su encargo
de "Llave del golfo y Antemural de las Indias". Lo que en ella
ocurra determinará el nuevo siglo.
Mancomunidad iberoamericana
Insistimos en que el proyecto de la integración en Mancomunidad Ibero
Americana, no es un mero ideal, alimentado por la vocación espiritual de
nuestros más preclaros visionarios, sino una tarea apremiante, que hay
que abordar con urgencia, para proveer un ámbito de desarrollo -un campo
de producción y comercio- a una población que, por su crecimiento y
perspectiva, reclama un establecimiento y participación mucho mas
orgánico y eficiente que el actual, en el trabajo constructor y la
decisión sobre el destino colectivo.
Si no proponemos responsablemente los
medios para el natural crecimiento y multiplicación de la especie
nuestros territorios y con los instrumentos de civilización de que aún
disponemos, un período desintegración y confusión, sucesivo de la
descomposición de las grandes estructuras, como ocurrió tras el final el
Imperio Romano.
En Iberoamérica concretamente, hay que
proveer, en nuestra región -una de las más amplias y ricas en recursos
de la tierra-, a una población vigorosamente creciente, de varios cientos
de millones de habitantes, en su mayor parte marginada, empobrecida hasta
el exceso y desesperada de encontrar en las actuales condiciones remedio a
sus males, que ya se está desplazando masivamente en grandes oleadas
migratorias, la incorporación de la misma a la producción y el consumo,
a la instrucción instrumental y a la participación decisiva en la
conducción colectiva.
Esto es un proyecto político, que tiene
que ser abordado desde el poder constituido, y con el comprometerse,
sistemáticamente y eficientemente, los gobiernos y estados de los países
de la región, cualquiera que fuere su ordenamiento formal o denominación
ideológica.
Pero esto plantea, inmediatamente, ciertos
problemas que es imprescindible ya no soslayar:
1. - La necesidad de fortalecer, definir,
defender e instrumentar lo más adecuadamente el estado nacional, porque
es el instrumento real del que puede disponerse para acometer un programa
de vinculaciones y creaciones, sub y superestructurales, que dé paso a
formas superiores de las constitución y de la organización
mancomunitaria, y han de garantizarse tanto la libertad y la justicia
internas como su autonomía e independencia externas, pues sólo estas
condiciones posibilitarán su capacidad de actuar y la perdurabilidad del
esfuerzo.
2, - Hay que ir a la creación, cuanto
antes, de un instrumento político que defina, y represente los intereses
reales, tantos integrales de la región como de sus partes más sensibles
y afectadas.
3. - Como corolario ineludible, hay que ir
a la concepción, integración y perfeccionamiento de un aparato armado,
de defensa y aplicación de la ley, que, si bien tiene que comprender las
relaciones vecinales e internacionales de la correlación mundial, por la
diferencia de realidades e intereses, internos y externos, tienen que
estar a la disposición única de los pueblos de la mancomunidad y bajo la
dirección efectiva de sus autoridades constituidas. La defensa y
vigilancia de nuestros mares y tierras, y de la población y trabajos en
los mismos, no puede estar sino en manos nuestras, y en esto consiste la
garantía de la paz y el orden en la región. (Sólo así, problemas como
el narcotráfico y demás trasiegos indeseables, algunos tan monstruosos
como el del tráfico de órganos humanos, o la violencia desestabilizante
organizada, y otros, que no necesariamente se originan por las causas
eficientes del lugar donde ocurren, pueden ser eficazmente resueltos.)
4. - Hay que ir, por otra parte, a la
definición de las categorías jurídicas imprescindibles, de modo que las
comunidades básicas -la laboral o sindicato de trabajadores, la
universitaria, la agraria y la municipal- alcancen su más sólida
constitución y su pleno desarrollo autónomo, para que puedan
orgánicamente establecer su relación dialéctica en el estado y su
representación en la autoridad gobernante, así como con las demás
partes constituidas de la sociedad. Esta es la única defensa real con la
que pueden contar los más humildes
La anfictionía del Caribe
La creación de sistemas de integración regional, de acuerdo con las
condiciones del medio y su población, en la mayor afinidad de
problemática y perspectiva, tiene que ser no sólo contemplada sino
estimulada y propiciada, como paso clave y medial en un proceso escalonado
de niveles de vinculación. Desde los primeros tiempos de nuestra
promoción histórica, en América, estas subregiones naturalmente afines
han sido: El Caribe, Los Andes, la Cuenca del Plata y el Brasil.
La constitución de la ANFICTIONIA DEL
CARIBE, por la inestabilidad y pluralidad de su población y por su
posición geopolítica, debe ser preocupación de todo el conjunto de las
naciones nuestras, e interés de las demás, antes de que la
precipitación de los desajustes y la incumbencia de intereses
contradictorios la conviertan en factor obrante precisamente en contra del
desarrollo integral del proyecto que nos incumbe.
Con este anteproyecto integral en mente se ha de empezar la gestión de
incorporar a la producción, el consumo, la decisión y la instrucción
consolidarte, a las grandes masas de nuestra población actual y de
preparar el acceso de la que ha de sumarse. El objetivo indeclinable es el
pleno empleo con la más alta eficacia productiva y la más amplia
distribución de la riqueza. Esto, en nosotros, significa el asentamiento
de la población en zonas de crecimiento integral, a donde han de
dirigirse todos los recursos e instrumentos de civilización disponibles.
Esto, insistimos, hay que concebirlo como
una gestión política ordenadora de lo económico y lo social, y
propiciadora de la vida y la cultura en su más amplio y profundo sentido.
Realidad y proyecto cubano
Cuatro décadas de conflictividad interna y externa, el pueblo de Cuba ha
de llegar a un ordenamiento y recomposición de factores que permita el
relevo en paz de la autoridad gobernante, sin precipitarse en el caos
aniquilatorio ni en la deriva aciaga de la lucha de facciones.
Nosotros nos negamos, decisiva y
definitivamente, a la violencia civil, tanto endógena como exógena, no
sólo por el riesgo de devenir en una situación irreparable, ocasión
para la desaparición de nuestra nacionalidad histórica , sino porque
constituimos un principio de razón y doctrina que consideramos cierto y
justo, consecuente con nuestra proyección histórica y con los
requerimientos de la moral universal que abrazamos como hombres y como
nación.
Creemos que esta misión de definición y
conducción doctrinal es fundamental y necesaria para la reconciliación y
el reencauzamiento moral e intelectual, así como material, de nuestro
pueblo. No estamos dispuestos a someter el veredicto a la victoria o
derrota de las facciones contendientes. La verdad persiste y sirve a pesar
de la muerte de sus propulsores, y la doctrina que abogue por matar para
imponerse ni requiere la verdad ni durará su reino sino hasta que uno
más fiero lo arrebate.
En momentos como el presente, no tiene
sentido defender un estilo o sistema formal del ordenamiento político o
económico, cuando lo más grave es salvar la existencia misma de la
comunidad nacional, sin la cual no hay destino histórico ni civilización
posible. Pero sabemos que establecer el estado de legitimidad y derecho
-de confianza inter-relacionante entre gobernados y gobernantes, y de
forma convencional suficiente para regir esa relaciones por encima del
capricho y del arbitrio particular- sólo es recuperable desde la
participación activa de las bases de la población.
Política y economía, en cuanto la
decisión, distribución y compartimiento de responsabilidades se trate,
han de ser intrínseca y esencialmente democrática. Cualquier escamoteo o
enajenación de la verdadera participación popular desde sus bases reales
no sería sino incubadora de perversión y violencia futura. Una ficción
de democracia, técnicamente manipulada por intereses particulares
matriculados en un medio extranjero o por grupos de poder propios o
extraños, y orquestada bajo la apariencia convencional de una pluralidad
de partidos y elecciones, seria peor y más alienante que la continuación
de la autocracia en sus actuales modos irrestrictos. Sin embargo,
dramáticamente repetimos, es imprescindible el ejercicio de la libertad y
la democracia para salir de la presente situación.
Nosotros hemos propuesto, a la
consideración de nuestro pueblo y de las autoridades del actual gobierno
de Cuba, un proyecto, que sin excluir a ninguno de los factores, iría
desde la amnistía, imprescindible para un recomienzo del esfuerzo, hasta
una asamblea nacional constituyente, donde, por representación
proporcional a la población, se acuerde un nuevo pacto nacional y se
constituya la autoridad gobernante. Creemos que todo gobierno -y el actual
de Cuba no constituye excepción- tiene que propiciar y garantizar y
garantizar una solución de continuidad que permita el relevo en paz del
presente al futuro, cualesquiera que éstos fueren.
La llamada "Ley
Helms-Burton"
Hemos de reiterar lamentablemente,
por lo que ello afecta al orden internacional, la afirmaciones que hicimos
en ocasión de la Conferencia en Viñas del Mar, Chile, noviembre de 1996,
en relación a la llamada "Cuban Liberty and Solidarity (libertad)
Act of 1996"
Empezamos por decir que no corresponde a
ningún país juzgar cómo ni porque se promulgan la leyes en otro. Hasta
ahora, en el desarrollo de la civilización de derecho, a la que creemos
pertenecer, la función legislativa es potestad del estado, y las leyes
que éste emita tiene vigencia únicamente en la jurisdicción comprendida
por ese estado. Cuba es un estado soberano e independiente, y sólo en su
territorio y sobre su población tienen, o pueden tener vigencia las leyes
y disposiciones emitidas por el gobierno cubano, cualquiera que éste sea.
Por otra parte, hasta ahora no hay ningún
organismo de derecho, nacional o internacional, facultado para decidir
cuándo un gobierno es legítimo o no. Esto queda como cuestión de
doctrina filosófica y de su praxis inmediata, a ser resuelta por la
comunidad donde se constituya el gobierno.
Quiere esto decir que la soberanía
nacional es inalienable y que, no existe autoridad que pueda decir sobre
cómo debe organizarse el estado, cómo debe constituirse gobierno o cómo
éste ha de ejercer sus funciones, como no sea la propia comunidad
políticamente constituida.
Por lo tanto, cuando un estado soberano se
arroga la facultad de legislar sobre como tiene que organizarse y actuar
el gobierno de otro estado, tan soberano como aquel, se implica que
pretende ocupar por la fuerza, -puesto que no hay puente jurídico ni
filosófico que prevea tal transición-, el territorio del otro estado,
someter a la población de éste a otra autoridad gubernativa y, en
consecuencia, luego de haber incluido el hecho al estado ocupado en su
jurisdicción, decidir sobre cómo ha de ordenarse la vida en el mismo.
Todo esto es de clarísima evidencia en la
tradición y experiencia del derecho internacional, válido
universalmente. Cualquier violación de estos principios ha de
considerarse como desprecio al orden de derecho constituido y amenaza de
agresión de una parte sobre la otra.
El texto de la llamada "Ley
Helms-Burton" trata confundidamente sobre dos temas:
1. - sobre cómo juzga el gobierno
estadounidense al actual gobierno de Cuba, cómo éste debe terminar,
cómo deberá ser el próximo gobierno y cómo se propone E.U. actuar para
esto y para determinar la orientación forma de la gobernación de Cuba,
para lo cual contempla ya hasta los modos de supervisión, cuando, según
parece, la isla y sus habitantes se hallarán incluidas en la
jurisdicción estadounidense; y
2. - sobre el conflicto entre el estado
cubano y el estadounidense, por unas propiedades sobre las que decidió el
gobierno cubano hace cuarenta años y sobre la que los Estados Unidos
mantiene una reclamación.
Sobre el segundo punto, que es de interés
concreto para las relaciones económicas internacionales, no hay mas
solución que las relaciones, de cualquier índole, entre los gobiernos
representativos de ambos estados, con mediador o sin el mismo, y la
referencia o apelación a los organismos internacionales especializados.
Al respecto, traemos a la memoria
algunas nociones tocantes a las relaciones internacionales en cuanto el
aspecto económico.
La Organización de los Estados Americanos
(OEA), en su fundación hace mas de medio siglo, adoptó la llamada
"Doctrina Grau" (por entonces presidente de la República de
Cuba, Dr. Ramón Grau San Martín, 1944--1948) como fundamento de derecho
de la sociedad de estados soberanos que se constituía, en la cual se
identifican como actos de la misma naturaleza tanto la agresión militar
como la económica. En el presente, al rechazar la OEA casi por unanimidad
la llamada "Ley Helms-Burton", obra consecuentemente con la
naturaleza de tal institución.
En 1973, la Asamblea General de la ONU, en
el artículo 31 párrafo 3 de la resolución 3171 (XXVIII) reconoció que
a los efectos del proceso de la transformación social los gobiernos
tienen el derecho de la nacionalización de propiedades extranjeras y que
la compensación a las mismas es materia que concierne a la decisión
soberana del estado nacionalizador.
En 1974, la Asamblea General de la ONU,
mediante la resolución 3201 (S-VI), titulada "Declaración sobre el
establecimiento de nuevo orden económico", reconoce, como uno de los
principios del mismo. La "completa soberanía de cada estado sobre
sus recursos y actividades económicas. A los efectos de salvaguardar
estos recursos, cada estado tiene derecho a ejercer efectivo control sobre
los mismos y sobre su explotación, por los medios adecuados a su propia
situación, incluyéndose en estos el derecho de nacionalización o de
trasferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo este derecho una
expresión de la plena soberanía del estado. Ningún estado podrá ser
sometido a coerción económica, política o de otro tipo para impedir el
libre y pleno ejercicio de este inalienable derecho".
En la resolución 3281 (XIX), artículo 2
párrafo 2 (c), de la Asamblea General de la ONU, en el capítulo sobre
los Derechos y Atribuciones de los Estados, estipula que cada estado tiene
derecho a "la nacionalización, expropiación o transferencia de la
propiedad extranjera, en cuyo caso el estado que adopte tales medidas
deberá pagar una compensación apropiada, tomando en consideración sus
leyes relevantes y regulaciones, y todas las circunstancias que el estado
encuentre pertinentes. Si en algún caso la cuestión de la compensación
generare controversia, ésta será resuelta mediante la ley domestica y
por los tribunales del estado nacionalizador, a menos que libremente los
estados involucrados decidan de mutuo acuerdo que se busquen otros
procedimientos pacíficos en base a la soberana igualdad de los estados y
en consonancia con libre selección de los medios."
La cuestión de las expropiaciones o
política de nacionalización por parte del estado está claramente
dilucidada, así como la de que los conflictos que se generen por el
ejercicio de tales políticas son por el de la jurisdicción doméstica.
Tocante a esto, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mediante
sentencia en el caso conocido por "Sabbatino". Con la votación
de ocho magistrados a favor y uno en contra , el 24 de marzo de 1964,
fundamentándose en el principio de Acto de Estado, declaró: "Todo
estado soberano está obligado a respetar la independencia de otro estado
soberano, y las cortes de un país no podrán juzgar los actos del
gobierno de otro estado en el territorio de éste".
Sobre el primer punto, no cabe sino
apuntar que históricamente la afección deformante de los Estados Unidos
sobre el desarrollo de la nación cubana desde finales del siglo XIX y
durante el XX tiene que ser considerada como una de las causas
determinantes de nuestros conflictos civiles, que culminaron en el
sangriento proceso de 1952 hasta el presente. En las actuales
circunstancias y con los agravantes acumulados desde generaciones, la
acción ingerente de los Estados Unidos sobre la situación cubana, en las
condiciones materiales y sociológicas presentes en nuestra población
dentro y fuera del país, constituye causa más que suficiente para el
propiciamiento de una violencia que más que entre partes definidas sería
de cada quien, contra quien, por la afirmación o disolución de su ser
nacional en cualquier parte.
Por supuesto, ni que decir que repudiamos
absolutamente la tal llamada ley, en todos y cada uno de sus puntos. La
consideramos un desdichado error que en tiempos menos confusos ha de ser
superado por parte de un país con el cual, por su proximidad, deseamos
tener siempre las mejores relaciones. Pero éstas reclaman a su vez, el
más riguroso respeto de parte y parte y el rechazo, al precio que sea, de
cualquier agresión u ofensa.
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